Iniciativa 6280:  el inicio de la censura y la tiranía – Editorial

La violencia sexual digital es real y debe combatirse, pero la Iniciativa 6280, presentada como Ley contra la Violencia Sexual Digital, presenta un riesgo grave, podría convertirse en un instrumento de censura y control político, disfrazado de protección ciudadana. No se discute la necesidad de sancionar conductas como la difusión no consentida de material íntimo o el ciberacoso, pero la ley tiene redacciones ambiguas que podrían ser interpretadas de forma excesiva o arbitraria.

Las penas que van de 6 a 12 años de prisión, junto a sanciones accesorias como inhabilitación laboral y confiscación de dispositivos, son proporcionales para delitos graves. Sin embargo, la ambigüedad del texto deja margen para que se persigan acciones que no constituyen violencia sexual digital, como denuncias sociales, publicaciones periodísticas o críticas políticas. En manos equivocadas, esta ley puede silenciar voces incómodas.

Un punto crítico es la criminalización del anonimato en redes sociales. Quienes promueven la iniciativa han estado asociados a estrategias de manipulación digital durante procesos electorales pasados, usando perfiles falsos para influir en la opinión pública. Hoy, ya en el poder, buscan imponer restricciones que podrían afectar a cualquier ciudadano que desee expresarse de forma anónima, mientras sus propios operadores gozan de impunidad.

La obligación que la ley impone a plataformas digitales de entregar información a las autoridades sin protocolos claros podría derivar en vigilancia masiva y abuso de datos personales. Esto, sumado a la limitada capacidad técnica de la PNC y el Ministerio Público para investigar ciberdelitos, crea el escenario perfecto para la aplicación selectiva o arbitraria de la ley.

La Constitución es clara que en el Artículo 35 protege la libertad de expresión y el Artículo 38 garantiza la organización y asociación de la ciudadanía. Ninguna ley secundaria puede socavar estos derechos. La Iniciativa 6280, sin salvaguardas estrictas, presenta el riesgo de convertirse en un bozal digital, que priorice la protección de las élites sobre la libertad del pueblo.

Es urgente que la ciudadanía, periodistas, activistas y organizaciones civiles se mantengan alertas ante esta legislación. La protección de las víctimas de violencia sexual digital no debe justificar la censura, ni permitir que el Estado se convierta en juez del debate digital. Exigir claridad, límites y transparencia en la aplicación de la ley es un acto de defensa de nuestros derechos fundamentales.

Guatemala necesita leyes que combatan delitos graves sin sacrificar libertades esenciales. La verdadera justicia protege derechos, asegura la participación ciudadana y garantiza que ninguna voz sea silenciada bajo la excusa de proteger a las víctimas. La Iniciativa 6280 debe revisarse con rigor, porque de no hacerlo, podría transformarse en un bozal digital que afecte a todos.