La infraestructura vial de Guatemala al borde del colapso – Editorial

Guatemala se encuentra al filo de una crisis estructural que podría convertirse en un punto de quiebre nacional. La precariedad de la red vial, sumada a la llegada de la temporada de lluvias, perfila un escenario donde el colapso no solo será evidente, sino dolorosamente inevitable. Derrumbes, puentes en riesgo y carreteras intransitables serán el pan de cada día si no se actúa con urgencia. Esta crisis no surgió de la noche a la mañana, sino que es el resultado de décadas de abandono, y en particular, de la pasividad del actual gobierno de Bernardo Arévalo frente a un sistema que se desmorona.

Con más de 19,000 kilómetros de carreteras, apenas el 40% de estas están pavimentadas. Y de ese porcentaje, una parte importante se encuentra en condiciones críticas. La falta de mantenimiento preventivo, la ausencia de señalización y los constantes derrumbes en vías estratégicas para el comercio, el turismo y la interconectividad regional revelan una cruda realidad: Guatemala no está preparada para resistir la temporada lluviosa. Cada tormenta es una amenaza para la vida de miles de guatemaltecos que deben movilizarse en condiciones de riesgo inaceptables.

El gobierno de Arévalo ha fallado en traducir sus discursos en acciones concretas. A pesar de la aprobación de la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria, no existe una hoja de ruta clara para su ejecución. Los Q3,500 millones asignados para el próximo año en rehabilitación vial suenan bien en papel, pero sin planes detallados de implementación ni fuentes de financiamiento aseguradas, solo refuerzan la percepción de improvisación. Este patrón de inacción comienza a cobrar vidas, como lo demuestra el reciente colapso del Puente Belice, una tragedia que dejó más de 50 muertos.

Este tipo de desastres no son anomalías, sino consecuencias previsibles de una política de abandono. El deterioro del Puente de Río Dulce, sin intervenciones significativas durante más de una década, es otro ejemplo de la negligencia estatal. En lugar de una política de prevención, el país reacciona de forma tardía, cuando los daños ya son irreversibles y los costos humanos devastadores. La falta de liderazgo estratégico ha convertido a las lluvias en detonadores de caos nacional.

El Ministerio de Comunicaciones tampoco ha logrado generar confianza. Aunque se reportaron más de 700 kilómetros intervenidos en 2024, auditorías independientes desmienten estas cifras, revelando que apenas 512 kilómetros fueron realmente trabajados. Esta manipulación de datos, sumada a múltiples denuncias de corrupción, genera un entorno de desconfianza que bloquea cualquier intento serio de recuperación.

La población rural, será la más afectada, pues comunidades enteras quedan aisladas con cada lluvia fuerte, sin acceso a servicios médicos, educación o comercio. Este aislamiento profundiza las brechas sociales y económicas en el país. En los hechos, el abandono vial es también un abandono humano, que revela una desconexión alarmante entre los tomadores de decisiones y la vida cotidiana de los ciudadanos.

Guatemala necesita con urgencia una política de infraestructura que trascienda los ciclos electorales y los discursos vacíos. La temporada de lluvias no puede seguir sorprendiendo a un Estado que, año tras año, ha reprobado esta prueba elemental de gobernanza. En un contexto donde el gobierno de Bernardo Arévalo enfrenta una creciente crisis de legitimidad, la falta de acción frente al deterioro vial no solo evidencia su desconexión con las prioridades del país, sino también su incapacidad para liderar con responsabilidad. Sin embargo parece que este año no marca un cambio de rumbo con respecto de la atención a la infraestructura, las lluvias no solo serán intensas, sino históricas, como el punto de quiebre definitivo de un sistema que se ha negado a renovarse.