Una ciudadanía inconforme – Editorial

En las últimas décadas, la Plaza de la Constitución y las principales carreteras del país se han convertido en escenarios constantes de manifestaciones ciudadanas. Las protestas han tomado fuerza como forma de presión ante decisiones gubernamentales cuestionadas, evidenciando un país con una democracia participativa, pero también con una fuerte tensión institucional. Esta nota presenta una comparación profunda y neutral sobre las manifestaciones ocurridas durante los gobiernos de Jimmy Morales (2016-2020), Alejandro Giammattei (2020-2024) y el actual presidente Bernardo Arévalo (2024-2025).

¿Cuándo y cuántas protestas?

Durante el gobierno de Jimmy Morales, que inició el 14 de enero de 2016 y finalizó el 14 de enero de 2020, se registraron aproximadamente 35 protestas de impacto nacional. Las más relevantes ocurrieron en 2017, cuando Morales declaró “non grato” al comisionado de la CICIG, Iván Velásquez, y en septiembre de 2018 con el Paro Nacional del 20S, que unió a sectores campesinos, estudiantiles y urbanos en rechazo a la corrupción y la expulsión de organismos de justicia internacional.

Alejandro Giammattei, quien gobernó desde el 14 de enero de 2020 hasta el 14 de enero de 2024, enfrentó al menos 42 protestas significativas. La más fuerte fue la del 21 de noviembre de 2020, cuando miles de personas se manifestaron contra la aprobación del presupuesto 2021, que redujo los fondos para salud y educación. Ese día, un grupo de manifestantes quemó parcialmente el Congreso. También se dieron bloqueos por parte de comunidades campesinas, protestas por la destitución del fiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval (julio 2021), y reclamos por la gestión de la pandemia.

En el caso del actual presidente Bernardo Arévalo, en funciones desde el 14 de enero de 2024, se han documentado más de 45 protestas hasta abril de 2025, lo que convierte a su gobierno en el que más manifestaciones ha enfrentado en el menor tiempo. Las más destacadas incluyen:

• Octubre 2023: protestas masivas que bloquearon más de 120 carreteras en defensa de su elección, previo a su toma de posesión.
• Diciembre 2024: ruptura del diálogo por parte de los 48 Cantones de Totonicapán, quienes anunciaron movilizaciones por falta de atención a demandas sociales.
• Marzo 2025: bloqueos en al menos 35 puntos por la implementación del seguro obligatorio para vehículos.
• Abril 2025: protestas del magisterio nacional encabezadas por Joviel Acevedo, exigiendo mejoras salariales y laborales.
• A esto se suman las movilizaciones de trabajadores del sector salud, veteranos militares y las protestas continuas contra la fiscal general Consuelo Porras, las cuales comenzaron en 2023 y continúan hasta la fecha.

Aunque la Ciudad de Guatemala concentra las marchas más visibles, departamentos como Totonicapán, Quetzaltenango, Alta Verapaz, Chiquimula y Escuintla han sido claves para las movilizaciones. Las protestas han incluido bloqueos en carreteras principales, ocupación de espacios simbólicos y acciones de resistencia comunitaria.

La lucha contra la corrupción, la defensa de la democracia, la demanda de servicios públicos dignos (salud, educación, infraestructura) y la justicia laboral han sido las banderas principales.

El protagonismo lo han tenido organizaciones indígenas como los 48 Cantones, asociaciones campesinas, sindicatos del magisterio y salud, veteranos militares, transportistas, estudiantes y colectivos ciudadanos. Cada uno ha salido a las calles con demandas puntuales, pero unidos por una necesidad común de transformación.

La comparación revela que las recientes protestas contra el presidente Bernardo Arévalo no son un fenómeno aislado ni caprichoso; son la expresión de un creciente descontento ciudadano frente a una gestión que, a un poco más de un año de haber iniciado, ya acumula críticas severas desde distintos sectores. La inseguridad va en aumento, con cifras alarmantes de violencia que afectan tanto a las áreas urbanas como rurales. A esto se suma el colapso visible de la infraestructura vial en todo el país, que no solo afecta la movilidad, sino también la economía y el acceso a servicios esenciales.

La inflación, por su parte, continúa golpeando el bolsillo de los guatemaltecos, sin que desde el Ejecutivo se ofrezcan soluciones claras o efectivas. A esto se agregan decisiones gubernamentales que resultan contraintuitivas o desconectadas de la realidad nacional, generando una sensación de improvisación y falta de rumbo. La ciudadanía esperaba un gobierno con visión progresista y técnica, pero ha encontrado respuestas confusas y, en muchos casos, contradictorias.

Uno de los puntos más delicados es la lucha contra la corrupción, bandera principal del presidente durante su campaña. Sin embargo, la percepción pública señala una disonancia preocupante entre el discurso oficial y las acciones reales, tanto en los ministerios como en el Congreso. La falta de coherencia y los conflictos internos han debilitado la confianza ciudadana. Arévalo, quien llegó con la promesa de cambio, enfrenta ahora el reto de recuperar la credibilidad antes de que la decepción se traduzca en una crisis política de mayores proporciones.