¿Bernardo es el pasado y Samuel el futuro? – Editorial

La semana pasada en redes sociales un periodista declaraba que Bernardo Arevalo representaba el pasado y el Diputado Samuel Perez es el futuro de la política. Esta crítica surge como eco de las múltiples críticas que se han generado en relación al reclamo de muchos de los adeptos del oficialismo y sus expectativas políticas especialmente en torno a una posible ruta constitucional que permita la destitución de la Fiscal General.

Sin duda el Diputado  Pérez ha cultivado un apoyo político popular que lo posiciona como uno de los representantes más destacados del oficialismo, incluso antes de ser Diputado al Congreso de la República. Sin embargo, su relación con el Ejecutivo ha sufrido tensiones notables, marcadas por diferencias estratégicas y discursivas, la cual comprende a un Presidente Arévalo, que como líder del Ejecutivo, opta por mantener una postura institucional que aunque crítica con algunas personalidades y procesos, ha procurado mantener una posición en su mayoría conciliadora con ciertos sectores para garantizar la gobernabilidad. Mientras Pérez ha asumido una línea más confrontativa e inconsciente entre su retórica y acciones políticas concretas.Esto ha llevado a un distanciamiento evidente entre ambas, quienes aunque comparten principios ideológicos y un proyecto político en el oficialismo, parecen diferir en las tácticas para lograr sus objetivos.

Esta separación implica una profunda fractura entre liderazgos, estilos y objetivos, y además evidencia la complejidad de construir una coalición política amplia en un país profundamente polarizado, pues a pesar de compartir una misma base política, esta misma se ha dividido en momentos cruciales de toma de decisión. Por un lado, los seguidores de Pérez ven en él una figura intransigente frente a la procesos y personajes protagónicos del “Pacto de corruptos”, lo que le ha permitido negociar, maniobrar e incluso actuar contradictoriamente sin significar un costo político real; por otro, los defensores de Arévalo celebran una visión de gobernanza respaldada en una postura ampliamente democrática, la cual como punta de lanza para traer frutos venideros, necesita del gozar de las garantías del Estado de Derecho y el respeto a la Constitución de la República. Sin embargo, las bases políticas de ambos destacan la necesidad de pragmatismo en un Ejecutivo constantemente amenazado por un Congreso hostil, el cual contra intuitivamente hoy respalda iniciativas y decisiones políticas tan polémicas e incoherentes como el Presupuesto del Estado para el 2025.

Pérez parece enfocado en mantener una postura rígida que, aunque popular entre sus seguidores, no siempre contribuye al fortalecimiento del proyecto político del oficialismo. Por otro lado, el oficio parlamentario oficialista también ha sido cuestionado por su falta de habilidad para consolidar una agenda legislativa clara y efectiva. Más allá de su labor como fiscalizador, el rol de un líder oficialista en el Congreso debería incluir la promoción de reformas estructurales y políticas públicas alineadas con los objetivos del gobierno. Sin embargo, hasta ahora, su desempeño ha estado marcado más por la crítica que por la construcción, dejando en duda su capacidad para guiar al partido en momentos cruciales, pero resaltando y permitiendo negociaciones políticas que hoy han resultado en controvertidas acciones políticas reforma a la Ley Contra la Delincuencia Organizada (LCDO), la Ley del Agro y la Reforma relacionada a la policía nacional.

Este estilo de liderazgo ha generado divisiones dentro del mismo oficialismo, pues aunque muchos lo ven como un símbolo de integridad, otros consideran que su enfoque poco conciliador ha limitado sus oportunidades para ampliar su base de apoyo político. En un contexto altamente polarizado, hostil y fragmentado, en donde la necesidad de establecer y mantener las bases de una Democracia sólida y funcional, además de garantizar con urgencia los procesos que permiten la gobernabilidad del país desde una fuerza política sólida y estable, esta falta de cohesión interna representa un riesgo significativo para el presente de la Estabilidad política y social de Guatemala.