Corrupción e impunidad: el verdadero enemigo de la democracia – Editorial

En una democracia auténtica, la rendición de cuentas y la representación política deben ser pilares fundamentales. Sin embargo, cuando las instituciones permiten la opacidad y el uso arbitrario de los recursos públicos, se abre la puerta a la impunidad y el abuso de poder. El reciente escándalo que involucra al presidente del Congreso, Nery Ramos, y a un empresario señalado por corrupción y crimen organizado vuelve a poner en evidencia la fragilidad de nuestro sistema político. La utilización de una camioneta blindada ha generado serias dudas sobre la transparencia y ética en el liderazgo del Legislativo.

Las malas prácticas de Ramos no son un hecho aislado. Durante su gestión al frente de la Policía, ya había enfrentado señalamientos por otras irregularidades. Estos antecedentes refuerzan la percepción de que las redes de corrupción se consolidan y perpetúan en el poder, sin que existan consecuencias reales para quienes las integran. En lugar de fortalecer la institucionalidad y garantizar la probidad en la función pública, se mantiene una estructura que favorece el enriquecimiento ilícito y la impunidad.

Además, su cercanía con el oficialismo y su vinculación con el extinto partido Semilla exponen una contradicción fundamental en su discurso. Mientras se ha posicionado como un férreo defensor de la lucha contra la corrupción, en la práctica ha sido un aliado de estructuras políticas que han caído en las mismas prácticas que dice combatir. La hipocresía de enarbolar la bandera de la transparencia mientras se beneficia de redes de poder y decisiones arbitrarias solo confirma que el discurso anticorrupción ha sido instrumentalizado para justificar su permanencia en la política.

La ciudadanía no puede conformarse con discursos vacíos de anticorrupción mientras los hechos demuestran lo contrario. Es imprescindible que se investiguen los vínculos de Ramos y su círculo cercano con actores corruptos y que se tomen acciones concretas para evitar que los recursos públicos sean utilizados en beneficio de redes criminales disfrazadas de líderes políticos. De lo contrario, se seguirá consolidando un sistema en el que el poder se usa como un escudo para la ilegalidad en lugar de un instrumento para el bienestar colectivo.

Sin embargo, la lucha contra la corrupción no puede dejarse únicamente en manos del Estado, que en muchos casos está cooptado por los mismos intereses que dice combatir. La sociedad civil organizada debe asumir un papel más protagónico, exigiendo rendición de cuentas, denunciando irregularidades y promoviendo el control ciudadano sobre los actos de gobierno. Sin una movilización real y sostenida, las élites corruptas seguirán manejando el país a su conveniencia, perpetuando la desigualdad y el deterioro institucional.

No hay más tiempo para esperar. Es imperativo que la ciudadanía exija investigaciones profundas sobre los vínculos entre el Congreso y empresarios ligados a la corrupción, refuerce los mecanismos de control sobre el financiamiento de partidos políticos y demande que los funcionarios actúen con integridad. Sin un compromiso serio con la transparencia y la justicia, Guatemala seguirá atrapada en el círculo vicioso de la impunidad, donde los intereses privados priman sobre el bien común y la función pública se convierte en un botín.

Es inaceptable que quienes ostentan cargos públicos actúen sin transparencia y sin rendir cuentas por sus actos. La falta de controles efectivos no solo perpetúa la corrupción, sino que también erosiona la confianza de la ciudadanía en el sistema democrático. Prácticas como el manejo discrecional de fondos y la protección de redes de poder afectan directamente la capacidad del Estado para atender las necesidades de la población, generando un clima de frustración y desesperanza en la sociedad.

Las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos han demostrado ser un instrumento que favorece a los mismos grupos de siempre, permitiéndoles mantenerse en el poder sin rendir cuentas. La hipocresía de quienes han hecho de la lucha anticorrupción un discurso conveniente, mientras operan con total impunidad, debe ser señalada y combatida con determinación.