Crisis de representación política y la aprobación del presupuesto 2025 – Editorial

El Congreso de la República ha dado luz verde al presupuesto general de ingresos y egresos para 2025, con un monto total de Q1,464,605,960.00. Este presupuesto presenta un incremento considerable respecto al del año anterior, lo que ha generado intensos debates sobre sus implicaciones y prioridades. Entre las medidas aprobadas, destaca un controvertido aumento salarial para los diputados, quienes ahora ganarán más de Q45 mil mensuales, un salario equiparable al de un magistrado de sala.

Uno de los aspectos más llamativos del presupuesto es su incremento del 28.8% en comparación con 2024. Sin embargo, solo el 19.9% de los recursos está destinado a inversión pública, lo que evidencia una limitada apuesta por proyectos que promuevan el desarrollo sostenible. Además, el déficit fiscal proyectado ha despertado preocupación entre expertos, quienes advierten sobre posibles consecuencias económicas, como un aumento de la inflación que afectaría directamente el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables.

Distintos sectores de la sociedad han expresado su descontento con el enfoque del presupuesto aprobado, señalando que no fomenta la competitividad ni el desarrollo económico que Guatemala necesita. Áreas críticas como infraestructura, educación y salud pública parecen haber quedado relegadas, dejando en evidencia la falta de una estrategia coherente que aborde las necesidades más urgentes del país. Esta decisión genera incertidumbre respecto al compromiso del Congreso con el bienestar ciudadano.

Para lograr un crecimiento económico inclusivo y sostenible, es fundamental priorizar la inversión social, especialmente en beneficio de la clase media trabajadora y los emprendedores. Sin embargo, el presupuesto aprobado parece orientado hacia intereses particulares en lugar de atender las demandas de la población. Esta desconexión no solo obstaculiza el desarrollo nacional, sino que también incrementa las tensiones sociales, especialmente en un contexto donde la pobreza y la desigualdad siguen siendo desafíos estructurales.

La falta de atención a las necesidades de los ciudadanos refleja una preocupante desconexión entre el Congreso y la población guatemalteca. La crisis de representación democrática es evidente en la forma en que se toman decisiones que no responden a las prioridades de la mayoría. Esto genera un distanciamiento entre los legisladores y quienes los eligieron, reforzando la percepción de un gobierno insensible a las realidades del país.

De cara al futuro, resulta imprescindible que el Congreso adopte un enfoque más inclusivo y transparente en la gestión de los recursos públicos. Solo a través de un compromiso real con la inversión social y el desarrollo económico se podrá garantizar un presupuesto que verdaderamente beneficie a la población y fomente la construcción de una Guatemala más equitativa y próspera.