Desarticular los bloqueos que cultivó semilla: Una responsabilidad del ejecutivo – Editorial

En los últimos años, los bloqueos y manifestaciones ilegales se han convertido en un fenómeno recurrente en Guatemala, sin embargo estos fueron también promovidos y organizados por los mismos actores que hoy ostentan el poder. Los miembros del actual Ejecutivo, en su afán de generar visibilidad y ganar apoyo, lideraron una red de fuerzas dispersas capaces de incidir en la vida pública mediante protestas en las que se paralizaban tanto la ciudad capital, como distintas regiones del país. Este recurso se utilizó durante mucho tiempo como una vía para expresar inconformidad con las políticas gubernamentales, pero también como una herramienta estratégica para debilitar la gobernanza del país. Hoy, sin embargo, este mismo mecanismo se convirtió en un desafío para el gobierno que una vez lo promovió.

El uso de bloqueos como forma de protesta no es algo reciente. Desde 2015, figuras clave del Ejecutivo y muchos diputados ahora independientes, que fueron electos por el movimiento Semilla, vieron en las manifestaciones la oportunidad de ganar notoriedad y fortalecer su popularidad. Los bloqueos y otras formas de presión se convirtieron en el vehículo a través del cual estos actores políticos se proyectaban al público, aprovechando la fragilidad del sistema político y las deficiencias de gobernabilidad. Así, lo que comenzó como una estrategia de oposición se transformó en una parte fundamental de la narrativa política, fortaleciendo la imagen de quienes hoy están en el poder.

Este recurso, en su momento una táctica eficaz de visibilidad, alcanzó un nivel de protagonismo durante la toma de posesión del actual gobierno, cuando se apeló a la consigna de la “Protección a la Democracia” para movilizar a miles de personas en todo el país, paralizando las principales vías de comunicación de Guatemala. Desde entonces, los bloqueos se han consolidado como una herramienta política legítima en los ojos de algunos sectores. Los discursos de apoyo hacia estas protestas por parte de figuras clave del gobierno, incluso felicitando a quienes organizan bloqueos, son prueba de la normalización de este mecanismo en el escenario político del país.

No obstante, esta estrategia de apoyo a los bloqueos comienza a tener efectos negativos en el mismo sistema que ayudó a consolidar.

Hoy, en 2025, el Ejecutivo se enfrenta a la consecuencia de haber promovido esta forma de manifestación. Las protestas y bloqueos, que en su momento fueron útiles para ganar terreno en el debate público, hoy se han vuelto un obstáculo para el desarrollo del país, afectando la movilidad de los ciudadanos y dañando la capacidad de producción y seguridad. Recientemente, diversas expresiones de descontento se han manifestado en bloqueos, especialmente en respuesta a políticas impopulares como el supuesto “impuesto a la tortilla” o la obligatoriedad del seguro para vehículos.

Es un hecho que los bloqueos no son una herramienta de protesta inocente. Aunque pueden ser vistas como una forma legítima de disenso, su impacto en la vida diaria de los guatemaltecos es considerable. El derecho de locomoción de la población se ve seriamente afectado, y con ello, la economía nacional y la seguridad de los ciudadanos. Cuando las principales rutas de comunicación están bloqueadas, se limita la circulación de bienes y personas, lo que no solo crea caos, sino que también frena la productividad del país. Además, la presión sobre los servicios de seguridad y la administración pública aumenta considerablemente.

La situación actual demanda una respuesta firme por parte del Ejecutivo. Es hora de que el gobierno tome las riendas y corrija un patrón que ellos mismos fomentaron en el pasado. No se trata solo de enfrentar una estrategia política de disidencia, sino de garantizar que la gobernabilidad y la estabilidad del país no se vean comprometidas. La capacidad de generar cambios en el país no puede seguir siendo medida por la fuerza de los bloqueos y las protestas, sino por la capacidad de diálogo, consenso y la implementación de políticas que realmente beneficien a la población.

El gobierno tiene la responsabilidad de actuar y desarticular las manifestaciones ilegales que, si bien fueron una vía para que muchos llegaran al poder, hoy se presentan como una amenaza para el futuro del país. Es necesario que el Ejecutivo asuma con seriedad su rol en la corrección de esta situación, no solo por el bienestar de la ciudadanía, sino también por la efectividad y la fortaleza del sistema democrático en Guatemala. La prioridad debe ser restaurar el orden y la confianza en las instituciones, y eso solo se logrará cuando se ponga fin a los bloqueos y manifestaciones ilegales que afectan a todos.