El Rol de la Policía Nacional Civil: Entre el Fortalecimiento y la Extralimitación – Editorial

En un contexto de creciente inseguridad y crisis institucional, el papel de la Policía Nacional Civil (PNC) se ha convertido en un tema de debate en Guatemala. Recientemente, el presidente Bernardo Arévalo y el Ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, discutieron una serie de iniciativas para fortalecer a la PNC. Sin embargo, algunas de estas propuestas han generado preocupación, ya que buscan asignarle funciones que exceden su mandato legal, lo que podría debilitar su labor esencial y generar conflictos institucionales.

Entre las medidas propuestas, el Ministro Jiménez plantea que los agentes policiales participen en labores de rescate y atención de emergencias en conjunto con la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED). No obstante, el Ejército de Guatemala ya cuenta con una Unidad Humanitaria y de Rescate especializada en estas funciones, por lo que ampliar el papel de la PNC en este ámbito podría generar duplicidad de esfuerzos y desviar recursos de su función principal: la seguridad ciudadana.

Otro punto preocupante es la intención del Ministro de involucrar a la PNC en asuntos de seguridad fronteriza, una tarea que la Constitución y las leyes vigentes asignan expresamente al Ejército. Este tipo de propuestas no solo desdibujan el papel de la Policía, sino que podrían generar tensiones entre las instituciones del Estado y socavar la estructura de seguridad nacional en lugar de fortalecerla.

Más alarmante aún es la posibilidad de que la PNC asuma tareas vinculadas al sistema de verificación tributaria, una función que corresponde exclusivamente a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).  En palabras de Confusio “Entrometerse en el oficio de otro hombre demuestra una falta de competencia en el propio.” es decir que mientras el Ministro Jiménez promueve y busca inmiscuirse en acciones e instituciones que no le corresponden, sus funciones parecen no cumplir con lo estipulado.

Así, mientras estas iniciativas avanzan sin una evaluación técnica clara, la violencia y la criminalidad siguen en aumento. Los asaltos, extorsiones y homicidios continúan afectando a la población, lo que evidencia que el verdadero reto es mejorar las capacidades de la PNC dentro de su marco legal y no desviar su atención con funciones ajenas a su competencia. La solución no está en dispersar esfuerzos, sino en dotar a la Policía de más formación, mejor equipo y estrategias efectivas contra el crimen organizado.

Desde una perspectiva de gobernabilidad y respeto a la institucionalidad, cualquier intento de expandir las competencias de la PNC debe ser analizado con rigor. No se puede permitir que la urgencia política conduzca a decisiones improvisadas que, lejos de fortalecer la seguridad, la debiliten aún más. La ciudadanía tiene un papel fundamental en este debate, ya que una sociedad informada y vigilante puede exigir que el Gobierno actúe dentro del marco de la ley y en beneficio del Estado de Derecho.