¿Es inconstitucional el presupuesto nacional para 2025? – Editorial

El inicio del año 2025 trajo consigo una controversia significativa en Guatemala, la acción de inconstitucionalidad presentada ante la Corte de Constitucionalidad (CC) contra el Decreto 36-2024, que contiene el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado. Este presupuesto, aprobado el 27 de noviembre de 2024 y con un monto total de Q148,526 millones, ha sido uno de los más criticados en los últimos años y enfrenta críticas por presuntas violaciones a la Constitución, especialmente en lo relacionado con asignaciones insuficientes para sectores esenciales como educación, deporte y seguridad social.

Entre las irregularidades señaladas, destaca el déficit en la asignación presupuestaria para la Universidad de San Carlos (USAC), las municipalidades y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). Por mandato constitucional, la USAC debería recibir al menos el 5 % de los ingresos ordinarios del Estado, equivalentes a Q5,465.1 millones, pero solo se le asignaron Q3,070.9 millones. De manera similar, las municipalidades enfrentan un déficit de Q4,778.4 millones, afectando su capacidad para atender las necesidades locales. Esta situación se extiende a otras entidades, como el Comité Olímpico Guatemalteco y la Escuela Nacional de Agricultura, que también denuncian asignaciones insuficientes.

Los promoventes de la acción buscan que la CC suspenda provisionalmente la ejecución del presupuesto para evitar daños irreparables y que se declare su inconstitucionalidad. Argumentan que el Decreto 36-2024 viola principios fundamentales como la legalidad, al no respetar las asignaciones mínimas establecidas por la Constitución. Asimismo, solicitan que el decreto sea devuelto al Congreso para realizar las correcciones necesarias y garantizar que el presupuesto se ajuste al marco legal.

En su solicitud, los interponentes también mencionan como terceros interesados a entidades afectadas, como el Ministerio Público, el Organismo Judicial y la Asociación Nacional de Municipalidades. Además, resaltan precedentes legales, como las sentencias emitidas por la CC en 2014 y 2019, que confirmaron la necesidad de respetar las asignaciones constitucionales en los presupuestos. Esto refuerza sus argumentos sobre la importancia de proteger los derechos de las instituciones y garantizar una distribución justa de los recursos públicos.

El presupuesto no solo ha sido cuestionado por sus asignaciones, sino también por el proceso de aprobación. Varios sectores han señalado que la negociación estuvo marcada por intereses políticos y acuerdos oscuros dentro del Congreso, incluyendo señalamientos de corrupción a cambio de votos por parte de los diputados pertenecientes al oficialismo y la polémica aprobación de un aumento salarial para los diputados. Este contexto plantea dudas sobre la transparencia y la legitimidad del proceso, fortaleciendo la importancia de la acción judicial presentada.

La resolución de la CC será clave para determinar el futuro del presupuesto de 2025 y por lo tanto, también para la gestión de los recursos del país. Garantizar que estos se distribuyan de manera justa y legal no solo es fundamental para proteger los derechos de las instituciones y ciudadanos afectados, sino también para restaurar la confianza en el sistema político y en el respeto a los principios constitucionales que deben regir la planificación presupuestaria.