Panorama 2025, un país sin presente – Editorial

El Gobierno del presente:

Durante 2024, el oficialismo no logró cumplir con las promesas y expectativas delineadas en el plan de gobierno presentado durante la campaña electoral. Aunque intentaron justificar su desempeño atribuyéndole a la herencia de incompetencia y corrupción de administraciones anteriores, sus argumentos y decisiones han sido insuficientes para justificar los resultados deficientes de su primer año. Esto ha llevado incluso a que algunos de sus propios simpatizantes se conviertan en críticos del gobierno.

El desempeño del Movimiento Semilla ha estado marcado por titubeos, incapacidad y limitaciones técnicas evidentes, generando constantes correcciones en su dirección política y pública. Este enfoque, más reactivo que planificado, sugiere una improvisación que carece de un plan coherente y estructurado, dejando una sensación de incertidumbre en la gestión gubernamental.

Además, estas acciones reflejan un desorden en la coordinación interna del oficialismo, con decisiones descentralizadas que exponen las divisiones, intereses y liderazgos divergentes dentro del Ejecutivo y el Congreso de la República. Este desajuste organizativo no solo pone en duda la capacidad del gobierno para implementar sus políticas, sino que también mina la confianza pública en su capacidad de liderazgo.

La lucha contra la corrupción:

La principal consigna que llevó al Movimiento Semilla al poder, más que una promesa de campaña, se ha convertido en una trampa para su propio gobierno. Bajo el principio de combatir la corrupción y garantizar integridad, el Ejecutivo ha perseguido y removido a varios funcionarios designados durante su mandato. Esta dinámica pone en evidencia que el gobierno carecía de cuadros políticos adecuados para ejecutar su agenda, o peor aún, que han sido engañados por los mismos actores políticos corruptos a quienes intentaban combatir, permitiéndoles ocupar cargos clave dentro del Ejecutivo. 

En el ámbito administrativo, diversas acciones político-administrativas han generado confusión, retrasos y errores en procesos fundamentales. Desde licitaciones y adjudicaciones hasta asignaciones de recursos, estas fallas han permitido que intereses privados y arbitrarios interfieran con la gestión pública, perjudicando la transparencia y eficiencia que se esperaba del gobierno de Semilla. 

Un aspecto especialmente preocupante para la ciudadanía es el desempeño de los diputados electos por el partido político suspendido Semilla en el Congreso de la República. Su incapacidad para cumplir con las promesas de campaña ha provocado una creciente desconfianza, especialmente en lo relacionado con las negociaciones y asignaciones de recursos estatales en torno a la aprobación del Presupuesto 2025. 

Estas acciones han avivado sospechas sobre la perpetuación de prácticas políticas cuestionables en el hemiciclo, lo que ha generado una seria crisis de representación. La población empieza a percibir que las acciones de sus representantes en el Congreso no se alinean con los principios que el partido defendió durante su ascenso al poder. 

En este contexto, las promesas de renovación política y cambio que impulsaron al Movimiento Semilla enfrentan serios desafíos. La falta de coordinación interna, los errores administrativos y las dudas sobre la integridad de las negociaciones en el Congreso han puesto en entredicho la capacidad del gobierno para cumplir con sus ideales, dejando a los guatemaltecos con un panorama político cada vez más incierto.

Una crisis de liderazgo:

El oficialismo ha intentado imponer una narrativa que divide a los actores políticos en dos bandos: los corruptos y los aliados de la lucha contra la corrupción. Según este enfoque, cualquier oposición o diferencia con el gobierno equivale a apoyar la corrupción en el país. Sin embargo, esta perspectiva es insuficiente para justificar la incapacidad del Ejecutivo de establecer acuerdos transparentes o de dirigir una agenda política coherente que impulse el programa de gobierno prometido por el Presidente y sus diputados electos. 

La fragmentación extrema de los partidos políticos y las fuerzas en el sistema político-administrativo podría haber sido una oportunidad para que el Ejecutivo pudiera definir prioridades claras durante 2024. Con una visión estratégica y el apoyo legislativo adecuado, habría sido posible alinear objetivos mínimos en la agenda pública, favoreciendo un consenso en beneficio de Guatemala. 

En lugar de aprovechar esta dispersión como una oportunidad, el gobierno y la oposición se han enfrascado en conflictos internos y externos. Estas divisiones han derivado en persecuciones, enfrentamientos y un distanciamiento evidente entre los objetivos oficiales, los puentes de negociación y las posibilidades de desarrollo para la población. 

El debate público ha quedado relegado por egos y luchas de poder, donde la competencia por la relevancia política reemplaza las discusiones sobre temas esenciales. Esto ha provocado que los esfuerzos por construir un país más justo y eficiente se vean fragmentados y desdibujados, perjudicando a los guatemaltecos y alejando al gobierno de las promesas que lo llevaron al poder.

El panorama político de Guatemala en 2025 refleja un gobierno atrapado entre la incapacidad de cumplir sus promesas y la falta de una dirección clara que guíe sus acciones. El oficialismo, debilitado por divisiones internas, incapacidad técnica, vergonzosos errores administrativos y una narrativa polarizante, ha desperdiciado oportunidades para construir consensos que beneficien al país. Mientras las promesas de renovación política quedan opacadas por improvisaciones y conflictos, la confianza pública se erosiona, avivando una crisis de representación. En un contexto marcado por egos y disputas de poder, las esperanzas de un cambio transformador parecen cada vez más distantes, dejando a Guatemala frente a un futuro incierto en el que pareciera que 2025 será más de lo mismo.