Un Techo Histórico, pero Insuficiente y Opuesto a la Ciudadanía – Editorial

En medio de críticas de partidarios y detractores, el presidente Bernardo Arévalo, acompañado de diputados de la bancada Movimiento Semilla, el secretario general de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero, y el ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos, firmó el Decreto 36-2024. Este decreto, aprobado por el Congreso de la República, establece el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2025, marcando un hito con un techo presupuestario histórico, sin embargo el mismo ha sido apuntado de no llenar las expectativas de inversión pública, ni priorizar las demandas de atención de la población.

El presupuesto para 2025 asciende a 148 mil 526 millones 047 mil 690 quetzales. Las partidas más significativas incluyen 25 mil 649 millones para el Ministerio de Educación, 15 mil 199 millones para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, lo que resalta la magnitud de los cambios presupuestarios, no obstante, solamente el 19.9% de estos recursos se destinará a inversión pública, una cifra que ha encendido las alarmas en diversos sectores debido a las crecientes demandas ciudadanas de infraestructura y desarrollo sostenible.

Por otro lado, una de las medidas más controversiales es el aumento salarial para los diputados, quienes ahora ganarán más de Q45 mil mensuales, una cifra equiparable al salario de un magistrado de sala. Este ajuste ha generado fuertes críticas por parte de expertos y ciudadanos, quienes lo consideran desconectado de la realidad del país y es que a pesar de que algunos diputados oficialistas manifestaron su desacuerdo con el aumento salarial, el presidente Arévalo decidió ratificar el presupuesto en conjunto con varios de ellos.

Esta decisión evitó que el proyecto fuera devuelto al pleno del Congreso para un análisis más detallado sobre las asignaciones, incluyendo el salario de los diputados. Esta ha sido considerada por muchos una oportunidad de presentar una postura más firme y alinear las prioridades del Ejecutivo con las demandas ciudadanas, la cual reforzaría la narrativa de enfrentamiento y desacuerdo con el aumento salarial y demás prebendas solicitadas y aprobadas por los diputados, sin embargo esta fue desaprovechada y dejada de lado, reafirmando las suposiciones de negociación arbitraria entre los diputados de “oposición” y el ejecutivo, para conseguir la aprobación del presupuesto.

Este manejo del presupuesto ha intensificado las críticas sobre la desconexión entre el gobierno y las necesidades de la población. En un momento donde la inversión en infraestructura, salud y educación son fundamentales, los ciudadanos exigen una gestión que priorice sus demandas y promueva una mayor transparencia en el manejo de los recursos. Además, la expectativa de gasto plasmada en el plan de gobierno presentado por el oficialismo en campaña, tampoco corresponde de manera consistente con la aprobación y asignación presupuestaria para 2025.

En un contexto de crisis de representación política, las decisiones tomadas con respecto al presupuesto del próximo año se perciben como un símbolo de la urgencia de acciones concretas. Los ciudadanos demandan no solo promesas, sino también cambios palpables que fortalezcan los sistemas públicos y reduzcan la brecha entre las prioridades políticas y las expectativas sociales.

El presupuesto 2025 no solo es un documento financiero, sino también un reflejo del compromiso del gobierno con las necesidades reales de la población. Las decisiones que se tomen a partir de este punto serán determinantes para restaurar o terminar de minar la confianza de los guatemaltecos.