¿Adiós a las visas? Trump quiere cerrar la puerta a jueces y políticos que “usan la ley como arma”

Imaginate ser juez, político o alto funcionario en otro país y que, de la nada, Estados Unidos te cancele la visa sin derecho a explicación. ¿El motivo? Según la administración Trump, utilizaste la ley como un arma para perseguir rivales, censurar a la prensa o castigar opositores.

Suena extremo, pero es exactamente lo que propone una nueva ley que la Casa Blanca está cocinando y que podría cambiar, para siempre, la manera en que EE.UU. maneja sus relaciones con gobiernos extranjeros.

¿Qué pasa y de qué trata la ley?

La administración de Donald Trump se prepara para pasar una ley que cancelaría de forma inmediata las visas de jueces, políticos y burócratas activistas extranjeros señalados por usar el sistema legal como herramienta de persecución o censura.

Esta medida apunta, principalmente, a funcionarios de países donde la justicia se ha utilizado para reprimir a opositores políticos, medios de comunicación críticos y voces disidentes.

¿Quién está detrás?

Detrás de esta idea está Russell Vought, un personaje clave en el círculo íntimo de Trump. Vought fue director de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) y es uno de los arquitectos del famoso Proyecto 2025, un plan conservador que busca reestructurar el gobierno federal y combatir lo que Trump llama el “Estado profundo”.

Ahora, con Trump nuevamente en la Casa Blanca, Vought recuperó su influencia y se ha convertido en el cerebro detrás de estas políticas que mezclan migración, diplomacia y una cruzada ideológica.

¿Cuándo y dónde arrancó esto?

El plan comenzó a tomar forma poco después de que Trump asumió su segundo mandato, en enero de 2025. Sin embargo, la confirmación oficial llegó el miércoles pasado, cuando Vought y el director interino de la Oficina de Administración de Personal, Charles Ezell, firmaron un memorando ordenando a las agencias federales prepararse para aplicar la nueva política. Desde Washington D.C., esta directriz apunta directamente a gobiernos extranjeros de América Latina, Europa y Asia.

¿Por qué Trump quiere esta ley?

La lógica de Trump es clara: en muchos países, sobre todo en América Latina y algunas partes de Europa y Asia, hay jueces, fiscales y políticos que han convertido la justicia en un arma política. Persiguen opositores, cierran medios incómodos o fabrican casos judiciales para callar críticas.

Según la Casa Blanca, estos “activistas judiciales” son una amenaza para la democracia y Estados Unidos no tiene por qué recibirlos, dejarlos abrir cuentas o invertir en bienes raíces en Miami.

El trasfondo político

Pero esto no es solo una movida migratoria. Es parte de un plan mucho más amplio para limpiar a fondo la burocracia y frenar las agendas de diversidad e inclusión (DEI) que Trump considera una “enfermedad” de la izquierda global.

De hecho, esta misma semana, un juez federal bloqueó temporalmente una orden ejecutiva de Trump que buscaba eliminar fondos a programas de equidad. Y como era de esperarse, Elon Musk salió a defender a Trump con todo.

Musk, que ahora dirige el recién creado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), acusó a jueces federales de ser “activistas disfrazados” y lanzó encuestas en X preguntando si deberían ser destituidos. Spoiler: el 91% de sus seguidores votaron a favor de echarlos.

¿Cómo afecta esto a Guatemala y la región?

Para países como Guatemala, donde la justicia ha sido señalada por persecuciones políticas y casos cuestionables, esta ley podría significar un terremoto diplomático. Jueces, fiscales y políticos que en el pasado viajaban con frecuencia a Estados Unidos podrían perder automáticamente sus visas.

Si han participado en procesos considerados arbitrarios o políticamente motivados, quedarían vetados. Esta medida podría golpear especialmente a figuras vinculadas con casos anticorrupción, donde las líneas entre justicia y política son borrosas.

Lo que sigue: la cacería administrativa

Las agencias federales tienen hasta marzo para entregar un primer informe donde identifiquen posibles casos de funcionarios extranjeros que encajan en esta categoría de “activistas legales”. En abril, deben presentar un plan formal para la cancelación de visas y un sistema para rastrear antecedentes judiciales y políticos de solicitantes de visa.

Esta propuesta es mucho más que una medida migratoria. Es un mensaje geopolítico y una declaración ideológica de que la Casa Blanca no tolerará más lo que llaman “lawfare” (guerra judicial) de funcionarios extranjeros.