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Biden plantea reformar el Tribunal Supremo
No se han aprobado nuevas enmiendas en más de 30 años. El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, ha calificado la propuesta de Biden de “táctica peligrosa” que “no tendría éxito al llegar a la Cámara”.
En un discurso en la biblioteca presidencial de Lyndon B. Johnson (LBJ), en Texas, el presidente Joe Biden enfatizó su compromiso con los derechos civiles y reformar la Corte Suprema.
Los cambios esenciales son incluir una enmienda a la Constitución estableciendo que los expresidentes no tienen inmunidad por los crímenes que puedan cometer en su mandato, eliminar el cargo vitalicio por las jueces e imponerles un código ético vinculante.
El presidente Joe Biden presentó así esta propuesta largamente esperada de cambios en la Corte Suprema de Estados Unidos, en la que insta al Congreso a que establezca límites de mandato y un código de ética para los nueve jueces del tribunal.
Sin embargo, es prácticamente imposible que la propuesta se apruebe en un Congreso muy dividido y a la vuelta de la esquina, aunque su iniciativa podría dar pie a un debate en un momento en que la confianza pública en la Corte está en su punto más bajo, tras algunos cuestionamientos éticos sobre algunos jueces.
También tiene lugar en el contexto de una elección presidencial polémica y de una creciente indignación demócrata por las recientes decisiones de la Corte de mayoría conservadora.
Limitar el tiempo que los jueces permanecen en el cargo en el tribunal más alto del país cuenta con un amplio apoyo entre los estadounidenses, según indican las encuestas. Una encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research en julio de 2022 encontró que el 67% de los estadounidenses apoya una propuesta para establecer un número específico de años para los jueces en el cargo, en lugar de que sean vitalicios.
Hay ideas sobre cómo imponer límites de mandato sin una enmienda, pero si una ley de ese tipo se aprobara y fuera impugnada en los tribunales, los jueces podrían terminar fallando sobre ella y no está claro cómo lo harían, dijo Charles Geyh, profesor de derecho en la Universidad de Indiana y experto en ética judicial.
La Corte Suprema no tenía un código de ética formal hasta el año pasado, cuando los jueces adoptaron uno ante las sostenidas críticas por viajes y regalos no revelados de benefactores ricos a algunos jueces, como Clarence Thomas.
Los miembros del Congreso, por ejemplo, generalmente no pueden aceptar regalos por un valor superior a 50 dólares.
Cualquiera puede presentar denuncias contra otros jueces federales, que están sujetos a censura y reprimendas. La jueza Elena Kagan expresó su apoyo a la incorporación de un mecanismo de cumplimiento al código ético de la Corte Suprema en una aparición pública la semana pasada. Aun así, hacer que el código ético del Tribunal Supremo sea ejecutable plantea preguntas espinosas sobre cómo y quién podría hacerlo cumplir.
Los tribunales inferiores dicen que su proceso disciplinario no tiene como objetivo vigilar directamente su código de ética y sostienen que el código está redactado en términos demasiado amplios como para que las violaciones se traduzcan directamente en disciplina, dijo Geyh.
“Podría mostrarse reacio a utilizar el poder que tenga la conferencia contra sus colegas”, dijo en un correo electrónico Stephen Gillers, experto en ética legal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York.
Biden también está pidiendo una enmienda constitucional que limite la reciente decisión de la Corte Suprema de darle al expresidente Donald Trump —y a todos los demás presidentes— una amplia inmunidad frente al procesamiento penal. La enmienda “dejaría en claro que no hay inmunidad para los delitos que un expresidente cometió mientras estaba en el cargo”, escribió Biden en un artículo de opinión en el Washington Post. “Somos una nación de leyes, no de reyes o dictadores”.
Pero las enmiendas constitucionales tienen obstáculos aún más altos que las nuevas leyes.
Biden, ex presidente del Comité Judicial del Senado, se ha resistido durante mucho tiempo a los pedidos de reformar la Corte Suprema. En 2021, cumplió una promesa de campaña al convocar una comisión para estudiar posibles cambios en la corte. La comisión no tenía la tarea de hacer recomendaciones y advirtió que un cambio excesivo podría erosionar la democracia.
Via: france 24