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Corte IDH dice que países de OEA deben proteger a la población ante cambio climático
El tribunal con sede en Costa Rica destacó que “el derecho a un ambiente sano se encuentra incluido entre los derechos protegidos por el artículo 26 de la Convención Americana” de Derechos Humanos.
La resolución del máximo órgano judicial del continente implica que una veintena de países que reconocen su competencia deberán adaptar sus políticas y hacer reformas legales que eventualmente aumenten las exigencias a las empresas.
“Los Estados deben adoptar todas las medidas necesarias para disminuir los riesgos derivados […] de la degradación del sistema climático global”, declaró la Corte en una opinión consultiva sobre el impacto del cambio climático en los derechos humanos, solicitada por Colombia y Chile en enero de 2023.
La Corte IDH, una institución judicial autónoma encargada de aplicar e interpretar la Convención Americana, tiene jurisdicción sobre 20 países de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que han reconocido su competencia contenciosa.
Estos países son Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam y Uruguay.
El dictamen de la Corte, integrada por siete magistrados y presidido por la costarricense Nancy Hernández, también fue recibido con satisfacción por diversas oenegés.
“Éste es un paso histórico para acabar con la impunidad de las empresas de combustibles fósiles”, dijo la abogada principal de la ONG Centro para el Derecho Ambiental Internacional (CIEL), Upasana Khatri, en un comunicado.
Para Nikki Reisch, directora de Energía y Clima de CIEL, la decisión establece un “precedente poderoso al afirmar el derecho humano a un clima sano, el derecho a la reparación por los daños climáticos y la prohibición absoluta de conductas que causan daños irreversibles al ambiente”. Esto sirve como “un modelo para la acción climática y la rendición de cuentas”, agregó.
La Corte indicó además que los Estados tienen un “deber especial” de proteger a los defensores del medio ambiente.
Las audiencias previas sobre esta opinión consultiva tuvieron una participación récord, de más de 160 organizaciones, incluidas oenegés, entidades científicas y comunidades indígenas.
Via: france 24
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