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Daniel Ortega y Rosario Murillo consagran su poder absoluto en Nicaragua
“Aprobada en su totalidad en segunda legislatura” la ley de reforma a la Constitución de Nicaragua, anunció la Asamblea Nacional en su cuenta en X.
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Este era el último paso antes de la entrada en vigor del cambio de la Carta Magna. El mandato de gobierno pasa de cinco a seis años y el rango de la ya poderosa Murillo sube de vicepresidenta a “copresidenta”, según la reforma aprobada en noviembre en un primer periodo de sesiones del Congreso dominado por el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, izquierda).
Ortega, exguerrillero de 79 años que gobernó Nicaragua en la década de 1980 tras el triunfo de la revolución sandinista, está en el poder desde 2007 y sus críticos lo acusan de instaurar en Nicaragua una “dictadura familiar”, junto a su esposa, de 73 años.
La reforma, propuesta por Ortega, establece que los copresidentes coordinarán ahora “a los órganos legislativo, judicial, electoral” y de fiscalización, antes reconocidos como independientes en la Carta Magna.
La Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó en un comunicado su “profunda preocupación” por la aprobación de la reforma, al considerar que “profundiza retrocesos en libertades civiles y políticas” en el país centroamericano.
“Estos cambios drásticos marcan la destrucción del Estado de derecho y de las libertades fundamentales en Nicaragua (…) Ortega y Murillo han consagrado y consolidado su poder absoluto”, aseguró a la AFP el abogado estadounidense Reed Brody, miembro de un grupo de expertos de la ONU sobre este país centroamericano.
Miles de encapuchados
Ortega y Murillo radicalizaron sus posturas y aumentaron el control sobre la sociedad nicaragüense tras las protestas de 2018, cuya represión dejó 320 muertos según la ONU, consideradas por el gobierno un intento de golpe de Estado patrocinado por Washington.
La reforma establece que el Estado “vigilará” a la prensa y a la Iglesia para que no respondan a “intereses extranjeros”, y en el caso de las empresas para que no apliquen sanciones como las que Estados Unidos ha impuesto a Nicaragua.
Durante las protestas, hombres encapuchados y fuertemente armados, que el gobierno llamó el “pueblo”, intervinieron para levantar las trincheras que montaron universitarios y controlar a los manifestantes.
Via: afp