Degradación de calificación, deuda, normas: enfado de agricultores franceses

Los agricultores en Francia han iniciado un enfrentamiento con el Gobierno del presidente Emmanuel Macron para denunciar lo que consideran una falta de consideración hacia ellos debido al aumento de los costos de producción y la multiplicación de las normas europeas que, según afirman, obstaculizan su trabajo. El primer ministro Gabriel Attal intenta desactivar el movimiento, mientras el partido de oposición Agrupación Nacional espera impulsarlo de cara a las elecciones al Parlamento Europeo que se celebrarán el próximo junio.

Los agricultores franceses se encuentran enojados con su Gobierno y hacen eco de ello. Desde el pasado jueves 18 de enero, decenas de ellos bloquean un tramo de la autopista A64, cerca de Carbonne, en Gironda, para expresar su descontento.

Y entre la noche del pasado jueves al viernes 19 de enero, un edificio del Departamento regional de Medio Ambiente fue volado por una explosión en Carcasona, aunque no causó heridos. Un acto reivindicado por un misterioso ‘Comité de Acción del Vino’.

“Que (el movimiento de protesta) comience desde el sur no es de poca importancia, es porque allí los agricultores están en la primera línea del cambio climático, con fenómenos de sequía y al mismo tiempo se les repite no hacer lo suficiente por el medio ambiente”, analiza François Purseigle, profesor de sociología en la Escuela Nacional Agronómica de Toulouse.

Tomado por sorpresa, el Gobierno aplazó “unas semanas” la presentación de su proyecto de ley a favor del relevo generacional en la agricultura. Sin embargo, hay mucho en juego: entre 2010 y 2020, Francia perdió el 20% de sus explotaciones agrícolas (101,000), según el censo de este sector.

El Gobierno intenta frenar el fenómeno: “En 2026, cerca de 200,000 agricultores estarán en edad de jubilación, pero no hay suficientes compradores (…) Existe una brecha entre el discurso de Macron sobre el rearme de Francia y la realidad de los agricultores que tienen la sensación de estar completamente desarmados”, señala Purseigle.

Yohann Barbe ve cada día un poco más lo que consideran un desarme: “En 2017, Emmanuel Macron pronunció un gran discurso en Rungis sobre la agricultura, pero nunca estuvo seguido de acción, de ahí nuestro hartazgo”, remarca.

Desde el suroeste, el movimiento de protesta de los agricultores se extenderá, advierten los manifestantes. Especialmente, si el Gobierno no responde rápidamente a las distintas áreas de preocupación.

Entre ellas está el aumento, desde el pasado 1 de enero, del impuesto sobre el diésel (GNR). Este combustible contaminante, que se utiliza para la maquinaria agrícola, se beneficia desde hace mucho tiempo de la ayuda fiscal del Gobierno. El aumento de gravámenes a este carburante impactará directamente en los costos de producción del sector.

Además, los agricultores denuncian el incumplimiento de la ley Egalim, aprobada en 2018, que preveía, en particular, la repercusión de los costos de producción en toda la cadena agroalimentaria durante las negociaciones comerciales.

“Hoy vendo mi leche a Savencia (grupo agroalimentario), aunque ni siquiera sé cuánto costará la leche el 1 de febrero porque no llegamos a un acuerdo con ellos en diciembre”, añade preocupado Barbe, también miembro de la oficina de la Federación Nacional de Sindicatos de Agricultores (FNSEA).

Otro ejemplo es que la ley Egalim preveía un 20% de alimentos ecológicos en los comedores hasta 2022, un umbral que todavía se estanca en torno al 6%, según puntualizó el diario francés especializado en economía, ‘Les Echos’. “No podemos basar la transición ecológica únicamente en los agricultores”, señala impaciente Barbe.

“No nos oponemos a una mayor supervisión, pero necesitamos una compensación de precios”, explica Barbe, quien resalta el riesgo para los agricultores de sufrir afectaciones por la competencia extranjera. En 2022, más de un pollo de cada dos consumidos en Francia fue importado, principalmente de Bélgica, Polonia y Brasil.

Los agricultores también señalan la responsabilidad de la Unión Europea. Con un presupuesto de 53,700 millones de euros para el mandato 2023-2027, la Política Agrícola Común (PAC) es la principal partida de gasto de la UE. Y aquí también los agricultores señalan disfunciones: “Por primera vez, la PAC aún no se ha pagado a todos nuestros agricultores en 2023. Como resultado, varios de ellos se encuentran en dificultades con su banco o con sus proveedores de no poder pagar”, describe Barbe.

Cinco meses antes de las elecciones al Parlamento Europeo, la Agrupación Nacional no dudó en aprovechar esta ira contra Bruselas para lanzar su campaña. El líder del partido de extrema derecha Agrupación Nacional, y cabeza de la lista europea, Jordan Bardella, también pasó el domingo en las tierras vitivinícolas de Médoc, en Gironda, en contacto con los operadores.

“La Europa de Macron quiere la muerte de nuestra agricultura (…) Poniendo constantemente en competencia productos agrícolas de los confines del mundo que no respetan ninguna de las normas impuestas a los agricultores franceses”, aseguró ante la prensa.

Para el sociólogo François Purseigle, no hay duda de que la ira de los agricultores será un tema importante en las próximas elecciones europeas: “Si hay algo que ya han conseguido es poner las cuestiones agrícolas en la agenda política”, subraya.

El recién nombrado primer ministro Gabriel Attal también viajó el pasado sábado 20 de enero al Ródano antes de recibir el lunes a la Federación Nacional de Sindicatos de Agricultores (FNSEA) y a los Jóvenes agricultores en Matignon para tratar de calmar el descontento. ¿Una forma de ahorrar tiempo? “La política consiste también en responder a los sentimientos”, destaca Purseigle.

Via: france 24