EE. UU. aprieta a España por Huawei… y la advertencia ya toca a Guatemala

El reloj corre en Madrid y la cuenta atrás también debería escucharse en Guatemala. Estados Unidos lanzó un ultimátum al gobierno español: si antes de que termine agosto de 2025 no rompe sus contratos con Huawei —unos 12,3 millones de euros para equipos y servicios que almacenan escuchas judiciales—, Washington restringirá el intercambio de inteligencia. La advertencia encendió alarmas en la Unión Europea y en la OTAN. Además, abre un debate incómodo para países aliados en América Latina, donde la tecnológica china tiene huella en redes y centros de datos.

Medios como ABC, COPE e Infobae reportan que la Directora de Inteligencia Nacional de EE. UU., Tulsi Gabbard, notificó al Ejecutivo de Pedro Sánchez que tiene hasta final de mes para cancelar contratos con Huawei vinculados al sistema SITEL. Este sistema se encarga de almacenar interceptaciones legales. La razón: por leyes de inteligencia y seguridad de datos en China, Huawei podría verse obligada a entregar información sensible al gobierno de Pekín.

El contrato en cuestión, valorado en 12,3 millones de euros, incluye servidores y servicios de consultoría para custodiar escuchas judiciales. Para Washington, que desde hace años libra una campaña global para excluir a proveedores considerados “de alto riesgo” de infraestructuras críticas, esto supone un riesgo para fuentes, métodos y operaciones conjuntas. Incluso en bases militares como Rota y Morón, las preocupaciones son significativas.

¿Quién presiona y por qué?

La carta que inició el pulso fue firmada por Tom Cotton, presidente de la Comisión de Inteligencia del Senado, y Rick Crawford, su homólogo en la Cámara de Representantes. Ambos advierten que, si España mantiene sus lazos con Huawei, se limitará el flujo de inteligencia compartida, clave para combatir terrorismo, crimen organizado y ciberamenazas.

El 5 de agosto, la U.S.-China Economic and Security Review Commission incluyó el caso español en un boletín sobre riesgos de seguridad. Alertaron de que “parte de esas escuchas podrían acabar almacenadas en sistemas gestionados por Huawei”.

¿Qué responde España?

El gobierno de Pedro Sánchez defiende que el sistema es “estanco” y protegido con ciberseguridad de fabricantes occidentales. Además, asegura que la adjudicación se dio por ser la oferta más competitiva y ajustada a la legalidad. Sin embargo, medios como El País destacan que el pliego de condiciones no incluía cláusulas específicas contra proveedores chinos. Esto aumenta el recelo de Washington y de socios europeos.

¿Cuándo vence el plazo?

La fecha límite que circula en los despachos de Madrid y Washington es el 31 de agosto de 2025. Si no se cancela el contrato, EE. UU. podría recortar la información que comparte con España. También podrían filtrar los datos para eliminar detalles que, según su visión, no deberían llegar al Partido Comunista Chino.

¿Y Guatemala qué tiene que ver?

Aunque el caso es europeo, el mensaje es global: EE. UU. está dispuesto a condicionar su cooperación en inteligencia a que los países aliados reduzcan o eliminen la participación de Huawei en áreas estratégicas.

En Guatemala, Huawei opera desde 2007 y ha colaborado tanto con el sector privado como con instituciones del Estado. Durante el gobierno de Otto Pérez Molina, y con Mauricio López Bonilla en el Ministerio de Gobernación, se abrió la puerta a que la tecnología de la empresa china participara en redes de telecomunicaciones estatales. También hay registros de donaciones y equipos de videoconferencia entregados al Ministerio de Finanzas en 2021 y 2022.

Hoy no existe en el país un veto formal a proveedores “de alto riesgo” para redes 4G/5G o centros de datos públicos. Esto significa que, si Washington endurece el estándar, Guatemala podría enfrentarse a una disyuntiva similar a la española. Podrían decidir mantener la tecnología china y arriesgar cooperación e inteligencia, o reemplazarla para satisfacer las exigencias de seguridad de EE. UU.

Un tema de seguridad y de diplomacia

El caso de España ilustra cómo la seguridad tecnológica se ha convertido en una herramienta de presión diplomática. Para Guatemala, que depende en gran medida de la colaboración estadounidense en áreas como la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y la ciberseguridad, esta presión podría llegar antes de lo esperado.

Revisar dónde está Huawei en la infraestructura estatal, establecer criterios claros de proveedor y decidir si ese riesgo se asume o se reemplaza, podría ser la diferencia. Mantener el acceso a información clave o quedar en una posición vulnerable en plena era de la inteligencia digital podría depender de ello.