EE.UU. aprieta la soga: Funcionarios extranjeros que faciliten migración ilegal perderán su visa

Estados Unidos acaba de subir el tono contra la migración ilegal y esta vez, el mensaje va directo a los gobiernos extranjeros. Desde este miércoles, el Departamento de Estado, encabezado por Marco Rubio, aplicará una nueva política de restricción de visas para funcionarios de gobiernos extranjeros responsables de “facilitar el tránsito de inmigrantes ilegales” hacia territorio estadounidense.

El propio Marco Rubio lo anunció en sus redes sociales, subrayando que los países que se encuentran a lo largo de las rutas migratorias tienen que hacer su parte para prevenir y disuadir el paso irregular de personas. Y no se anduvo con rodeos: “Estados Unidos no dará marcha atrás cuando se trate de defender sus intereses de seguridad nacional”, sentenció el secretario.

¿Qué es lo nuevo y a quién afecta?

Esta nueva política apunta directamente a funcionarios públicos —no solo de migración, sino también de aduanas, puertos, aeropuertos y hasta agentes de seguridad fronteriza— que, según Washington, permitan o faciliten el paso de migrantes ilegales.

Pero eso no es todo: la sanción también puede extenderse a familiares directos de esos funcionarios, un golpe que puede afectar desde visas de turismo hasta permisos de trabajo o estudios.

En pocas palabras, si un funcionario en México, Guatemala, Honduras o cualquier otro país de la región hace la vista gorda o colabora activamente con redes de tráfico de migrantes, no solo pierde su acceso a Estados Unidos, también puede arrastrar a su familia en el castigo.

¿Por qué esta medida?

Desde que Donald Trump regresó al poder en enero de 2025, dejó claro que el tema migratorio sería una de sus prioridades absolutas. Apenas en febrero declaró otra vez emergencia nacional en la frontera sur y desplegó tropas adicionales. Ahora, con esta política, busca obligar a los gobiernos de la región a convertirse en el primer filtro migratorio.

“Nosotros no vamos a ser el único muro”, habría dicho Trump a puertas cerradas con su gabinete de seguridad. Y Marco Rubio lo tradujo en una política concreta: si tu gobierno permite que los migrantes crucen su territorio rumbo al norte, tus funcionarios pagarán el precio.

¿Cuándo empieza y por cuánto tiempo?

La medida entró en vigor de inmediato este 5 de marzo, y según las autoridades estadounidenses, se mantendrá vigente hasta que los gobiernos afectados demuestren que están tomando medidas serias para frenar el tránsito ilegal de migrantes.

En otras palabras: no hay fecha de caducidad. Todo depende de qué tan dispuestos estén los gobiernos vecinos a alinearse con la estrategia migratoria de Washington.

¿Qué gobiernos están en la mira?

Aunque la política es global, la atención está puesta, sin duda, en México y el Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador), considerados corredores clave en las rutas migratorias hacia Estados Unidos.

Pero la cosa no para ahí: Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua también son parte del radar, especialmente por el creciente uso de vuelos y embarcaciones que conectan estos países con Centroamérica, creando puentes para migrantes que luego siguen hacia la frontera estadounidense.