EE.UU. sanciona a relatora de la ONU por ataques contra Israel y sus aliados estratégicos

El miércoles 9 de julio, el Departamento de Estado de EE. UU., liderado por Marco Rubio, anunció sanciones contra Francesca Albanese. Estas sanciones defienden la soberanía nacional. Además, promueven un multilateralismo responsable, respaldando a Israel, su principal aliado en Medio Oriente.

Francesca Albanese, relatora especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para los territorios palestinos ocupados, fue sancionada por Estados Unidos. Esta sanción sucedió tras ser señalada por impulsar una “campaña política y económica” contra EE. UU. e Israel.

Esta medida, anunciada por el secretario de Estado Marco Rubio, responde a lo que Washington considera un uso ideológico del derecho internacional. Francesca Albanese, relatora especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para los territorios palestinos ocupados, fue sancionada por Estados Unidos. Esto ocurrió tras ser señalada por impulsar una “campaña política y económica” contra EE. UU. e Israel. La medida, anunciada por el secretario de Estado Marco Rubio, responde a lo que Washington considera un uso ideológico del derecho internacional.

“Hoy impongo sanciones a Francesca Albanese por sus esfuerzos ilegítimos y vergonzosos para impulsar acciones contra funcionarios, empresas y ejecutivos de EE. UU. e Israel”, escribió Rubio en su cuenta oficial de X.

¿Quién es Albanese y por qué está en la mira?

Albanese es relatora especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU desde 2022. Durante su mandato, ha sido una de las voces más radicales contra Israel. La acusa de practicar apartheid, limpieza étnica e incluso genocidio en Palestina.

Además, ha sido señalada por promover una agenda abiertamente ideológica bajo el disfraz del discurso de derechos humanos. Propone que empresas estadounidenses e israelíes se lucran de la ocupación en Gaza y Cisjordania. Su retórica, alineada con posiciones antioccidentales, ha generado rechazo en múltiples gobiernos aliados.

¿Qué acciones se tomaron?

La Corte Penal Internacional (CPI) es un tribunal con sede en La Haya que investiga y juzga crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio. Según el secretario de Estado Marco Rubio, Francesca Albanese presionó a la CPI para emitir órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y ejecutivos de empresas estadounidenses.

Washington considera esta acción como una agresión directa a su soberanía y una manipulación del derecho internacional, lo que desencadenó las sanciones contra la relatora.

“EE. UU. seguirá tomando las medidas necesarias para responder a esta guerra legal y proteger nuestra soberanía y la de nuestros aliados”, afirmó Rubio.

¿Qué implicaciones hay?

Aunque el Departamento de Estado aún no ha detallado públicamente todas las medidas, fuentes diplomáticas anticipan restricciones migratorias. También se espera una congelación de activos y aislamiento político para Francesca Albanese. La decisión ha sido aplaudida por el gobierno de Israel, que desde hace meses denuncia el sesgo de la relatora. Además lo acusa de antisemitismo y de mostrar simpatía hacia Hamás, según antiguas publicaciones y declaraciones que han generado controversia internacional.

¿Qué dice la comunidad internacional?

Desde organizaciones como Amnistía Internacional, conocidas por sus posturas críticas hacia Israel y EE. UU., se expresó “consternación” por la medida, elogiando el trabajo de Albanese como “incansable” en la denuncia de lo que denominan “apartheid” y “ocupación ilegal”.

Por su parte, la ONU aclaró que, aunque la relatora no representa oficialmente al organismo, su papel es clave para monitorear derechos humanos.

En paralelo, Albanese calificó de “crimen internacional” la propuesta del presidente Donald Trump de tomar control de Gaza y reubicar a su población. Estas declaraciones han sido vistas por expertos como una muestra más de su postura ideológica y confrontativa.

La sanción contra Francesca Albanese es más que una decisión administrativa: es una declaración firme contra el uso distorsionado de los derechos humanos como herramienta política. Estados Unidos ha trazado una línea clara frente al lawfare y reafirma su compromiso con la defensa de sus principios, su soberanía y la de sus aliados estratégicos. En tiempos donde la narrativa global pretende criminalizar la autodefensa y premiar el radicalismo, acciones como esta recuerdan que aún hay liderazgos dispuestos a plantar cara.