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EEUU cancela el estatus de asilo de más de 530,000 extranjeros otorgado durante la presidencia de Joe Biden
Mientras tanto, los inmigrantes afectados están explorando otras vías legales para permanecer en el país, como el Estatus de Protección Temporal (TPS) o solicitudes de asilo. Sin embargo, el proceso es complejo y el tiempo es limitado, lo que deja en la incertidumbre a más de medio millón de personas que enfrentan la amenaza de la deportación.

Estados Unidos revocará a partir del 24 de abril de 2025 el estatus de protección humanitaria (‘parole’) de más de 530,000 inmigrantes provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. La decisión, anunciada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), marca un giro en la política migratoria con el regreso de Donald Trump a la presidencia.
El DHS informó que la cancelación del ‘parole’ humanitario tendrá un período de transición de 30 días desde la publicación oficial del aviso. Esto significa que los beneficiarios tendrán hasta finales de abril para abandonar el país o buscar una alternativa legal para permanecer en territorio estadounidense.
Revocación inmediata y consecuencias para los inmigrantes
El programa CHNV (por las siglas de los países beneficiados: Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela) fue una de las estrategias de la administración de Joe Biden para permitir el ingreso de inmigrantes por razones humanitarias. Sin embargo, la nueva administración ha señalado que esta política facilitó la entrada de más de 1.5 millones de personas sin una revisión exhaustiva de antecedentes. Consideran esto un “abuso del parole humanitario”.


El DHS advirtió que quienes no regularicen su estatus o no abandonen el país en el plazo establecido podrían ser detenidos y deportados. Para facilitar la salida voluntaria, el gobierno ha instado a los afectados a registrarse en la aplicación CBP Home para coordinar su salida.
Reacciones y desafíos legales
El anuncio ha generado críticas de organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes. Karen Tumlin, directora del Justice Action Center, calificó la medida como “imprudente, cruel y contraproducente”, argumentando que provocará caos y angustia en miles de familias.
Por su parte, un grupo de inmigrantes y ciudadanos estadounidenses ha interpuesto una demanda contra la administración Trump para intentar restablecer el programa CHNV. Alegan que su eliminación pone en riesgo a miles de personas que escaparon de crisis humanitarias en sus países de origen.


El DHS también ha detenido la tramitación de solicitudes pendientes bajo este programa. Argumentan la necesidad de una revisión adicional para detectar posibles fraudes o amenazas a la seguridad nacional.
Un giro radical en la política migratoria
Desde su regreso a la Casa Blanca, Donald Trump ha endurecido las políticas migratorias a través de órdenes ejecutivas. Además de eliminar el programa CHNV, su administración ha intentado aplicar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para facilitar detenciones y deportaciones masivas. Sin embargo, esta medida ha sido bloqueada en tribunales federales.


Mientras tanto, los inmigrantes afectados están explorando otras vías legales para permanecer en el país, como el Estatus de Protección Temporal (TPS) o solicitudes de asilo. Sin embargo, el proceso es complejo y el tiempo es limitado. Esto deja en la incertidumbre a más de medio millón de personas que enfrentan la amenaza de la deportación.