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El campo colombiano se levanta: crisis arrocera expone el abandono en que los tiene Gustavo Petro

La crisis que atraviesa el sector arrocero colombiano ha detonado una nueva ola de protestas que deja en evidencia el deterioro de la política agropecuaria bajo el gobierno de Gustavo Petro.

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El arroz, segundo cereal más consumido en Colombia, ha sido históricamente un pilar de la dieta de los hogares colombianos. Sin embargo, hoy el panorama es sombrío. El desplome de los precios, las importaciones descontroladas, el contrabando desde Ecuador y la falta de apoyo estatal han puesto en jaque la sostenibilidad del sector.

“El agricultor está vendiendo su arroz a pérdida”, denuncia Rafael Hernández, gerente general de Fedearroz, al explicar que el precio actual no cubre ni siquiera los costos mínimos de producción. A esto se suma una sobreoferta generada por falta de planificación y la entrada masiva de arroz extranjero que compite en condiciones desiguales.

Pese a múltiples alertas, el Ministerio de Agricultura no ha planteado soluciones de fondo y las promesas de subsidios siguen sin materializarse.

“La tensión social que estamos viendo es resultado directo del incumplimiento de políticas públicas”, afirma Eliecer Díaz, docente de la Universidad Nacional. Según el académico, la falta de voluntad política ha agravado los problemas estructurales: bajos ingresos, costos elevados, cambios climáticos y violencia en las regiones productoras.

Además, consultores como Indalecio Dangond insisten en que el país debe asumir una política agropecuaria moderna, que incentive la producción tecnificada y establezca una regulación eficaz sobre la entrada de arroz importado. Pero nada de eso ha sido una prioridad para la actual administración.

La situación no solo afecta al productor rural: también pone en riesgo la seguridad alimentaria del país. En 2023, el 98 % de los hogares colombianos consumieron arroz, con un promedio de 46 kilos por persona al año. “No se trata solo de cifras económicas, sino de acceso al alimento más esencial para millones de familias”, señalan desde Fenalce.

Mientras tanto, el Gobierno guarda silencio o responde con generalidades. Las cartas están sobre la mesa: sin medidas urgentes y concretas, la producción nacional continuará desplomándose y la soberanía alimentaria estará cada vez más en manos de terceros.

Una cosa está clara: el campo no puede esperar más. Y el costo político de ignorarlo puede ser más alto de lo que Petro imagina.

Via: dw

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