Inician indagatorias de los que intentaron llevar a cabo un golpe de Estado en Argentina

Los 35 terroristas detenidos por los disturbios y destrozos ocurridos el miércoles pasado en la zona del Congreso, durante la votación de la Ley Bases impulsada por el gobierno de Javier Milei.

Comenzarán a ser indagados en los tribunales de la avenida Comodoro Py. El expediente está a cargo de la jueza María Romilda Servini y el fiscal Carlos Stornelli, según confirmaron fuentes judiciales. En la jornada de ayer, Stornelli los acusó por delitos contra el orden público, sedición y el agravante de acciones terroristas, en concordancia con la posición pública expresada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien decidió no presentar una querella a pesar de esta imputación. Posteriormente, Stornelli solicitó sus prisiones preventivas.

En el operativo del miércoles participaron 1,500 efectivos, incluyendo personal de la Policía de la Ciudad y las cuatro fuerzas federales, según estimaciones de fuentes oficiales. Durante el operativo, diputados como Carlos Castagnetto, Eduardo Valdés y Leopoldo Moreau fueron afectados por gases lacrimógenos, mientras intentaban defender a los delincuentes.

Además, ocho policías resultaron heridos con lesiones leves. Diez manifestantes violentos fueron atendidos en hospitales porteños como el Castagneto y el Ramos Mejía debido a queratitis ocular provocada por gas pimienta o golpes de tonfas. Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño, estimó en 278 millones de pesos los costos de las reparaciones por los destrozos ocasionados.

Los acusados, 13 de ellos detenidos por la Policía Federal y otras fuerzas federales, y los otros 22 por la fuerza porteña, fueron arrestados en flagrancia por una variedad de delitos, según información proveniente de fuentes policiales durante las horas de la protesta.

En horas de la protesta, circuló entre jefes policiales una lista que incluía más de 50 organizaciones que participaron en las manifestaciones. La mayoría de los mencionados eran sindicatos, partidos de izquierda y organismos de derechos humanos, a los cuales pertenecen varios de los detenidos, muchos de ellos sin antecedentes previos en comisarías porteñas.

En su planteamiento, el fiscal Stornelli dictaminó que el caso analiza las acciones y conductas “en algunos casos bajo una posible forma organizada, tendientes a incitar a la violencia colectiva contra las instituciones, imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, infundir temor público y provocar tumultos o desórdenes, al mismo tiempo que se erige como un posible levantamiento contra el orden constitucional y la vía democrática, con el propósito de perturbar y/o impedir, aunque sea temporalmente, el libre ejercicio de las facultades constitucionales de los representantes de la Cámara Alta del Congreso, quienes estaban en sesión.”

Via: derecha diario