Juez archiva caso que podría anular investigación por terrorismo contra Puigdemont

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón decidió sobreseer la denominada causa ‘Tsunami Democràtic’ horas después de que el tribunal estimara el recurso de una de las investigadas y declarara la invalidez de todas las diligencias con posterioridad al 29 de julio de 2021, cuando el magistrado dictó una prórroga de seis meses de la investigación, un día después de vencido el plazo.

La Audiencia considera que la prórroga fue extemporánea y ordena a García Castellón que, conforme a la Ley de enjuiciamiento Criminal, decida si continúa con el proceso o dicta el sobreseimiento. Y para ello, se tendrá que basar solamente en las diligencias acordadas antes de la fecha citada. El error provocaba que el proceso solo podría basarse en las diligencias acordadas antes de la fecha citada. Ante esa situación García Castellón decidió cerrar el caso.

No obstante, García Castellón dijo en su resolución que informará de su decisión al Supremo “para su unión y demás efectos que procedan en su procedimiento de causa especial” en la que están investigados por terrorismo tanto Puigdemont como Wagensberg.

Fuentes jurídicas consultadas por EFE consideran que la decisión de la Audiencia Nacional puede desembocar en la nulidad de la investigación que Puigdemont tiene abierta en el Supremo. El Supremo decidió el 29 de febrero pasado investigar a Puigdemont por considerar que ejercía un “liderazgo absoluto” en la organización independentista Tsunami Democràtic en los graves disturbios ocurridos en Cataluña en 2019, que constituirían un delito de terrorismo, provocados como reacción a la sentencia que condenó a prisión a nueve líderes independentistas por el proceso soberanista ilegal de 2017.

El expresidente catalán permanece prófugo desde entonces para eludir la acción de los tribunales españoles. Hace una semana, el TS rechazó amnistiar a Puigdemont y dos excolaboradores, todos ellos huidos, por malversación de fondos públicos, y mantiene la orden de que sean detenidos en cuanto vuelvan a España. El motivo, según el Supremo, es que obtuvieron un beneficio personal al sufragar en un referéndum de ‘autodeterminación’ inconstitucional, organizado el 1 de octubre de 2017, con los fondos de la administración pública catalana, no con su patrimonio personal.

El propio García Castellón, juez de la Audiencia Nacional, es el encargado de pronunciarse sobre la aplicación de la ley de amnistía a este procedimiento por terrorismo. La decisión, explicaron a EFE fuentes jurídicas en su momento, se adoptará en paralelo a la que tome la magistrada del Supremo Susana Polo, que investiga la rama que afecta a Puigdemont y Wagensberg.

El Parlamento español aprobó el 29 de mayo pasado una ley de amnistía para los condenados, procesados e investigados judicialmente en relación con el intento ilegal de independencia de Cataluña, que ha suscitado un acalorado debate mediático y político en España entre la izquierda, en el poder, y la derecha, en la oposición.

Via: france 24