La ONG Foro Penal denunció que hay mil 808 presos políticos en Venezuela

La ONG contabilizó que, del total de las aprehensiones, 1,673 se hicieron tras las presidenciales del 28 de julio, cuando se desató una crisis por la denuncia de la oposición, por “fraude” en el resultado anunciado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que dio la reelección al dictador Nicolás Maduro, mientras que el antichavismo asegura que ganó su abanderado, Edmundo González Urrutia.

La crisis poselectoral desató protestas que dejaron, según el Ejecutivo, 25 muertes y más de 2,400 detenidos, una cifra que supera considerablemente la de Foro Penal. La ONG explicó que sus cifras son distintas a las anunciadas por las autoridades venezolanas porque desde la organización solo contabilizan detenciones que califiquen como “arbitrarias”, cuando -afirmó- “no hay elementos de culpabilidad” sobre la persona apresada.

El régimen responsabiliza a los manifestantes -a quienes vincula con la mayor coalición opositora, Plataforma Unitaria Democrática (PUD)- de generar “violencia” y “vandalismo” en varias sedes públicas, lo que conlleva delitos, mientras que la PUD acusa de “represión” de los agentes de seguridad del Estado en las protestas.

Desde 2014, el Foro Penal ha registrado 17,561 “detenciones políticas”, además de 9,000 personas que siguen sujetas “arbitrariamente” a “medidas restrictivas de su libertad”.

El martes, un bloque de 45 países instó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que Venezuela “ponga fin a la ola de represión contra opositores políticos y manifestantes” intensificada en el país. También reclamaron la liberación inmediata e incondicional de los detenidos de manera arbitraria.

Entre los países que respaldan la declaración figuran varios de Latinoamérica, como Argentina, Chile, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay, junto a miembros de la Unión Europea como España, Portugal, Italia, Francia y Alemania, además de Estados Unidos, Australia, Reino Unido, Japón y Canadá.

Mondino indicó ante el Consejo que los países firmantes quieren expresar su profunda inquietud por la crisis estructural de derechos humanos en Venezuela, la cual se ha agravado este año en el contexto del proceso electoral.

En las semanas posteriores a las elecciones del 28 de julio, la situación se ha deteriorado con “detenciones arbitrarias de figuras de la oposición, periodistas y manifestantes, incluyendo niños, adolescentes, mujeres y personas con discapacidad”, según destacó la declaración.

Además, se registró un uso desproporcionado de la fuerza por parte de cuerpos de seguridad y de grupos de civiles armados conocidos como “colectivos”, junto con otros abusos, como “la persecución judicial iniciada por el Estado venezolano contra el candidato presidencial Edmundo González”, exiliado en España.

“Bajo la excusa de la incitación al odio o bajo la legislación antiterrorista, se persigue, detiene y priva de libertad a personas que buscan ejercer sus derechos políticos y su legítimo derecho a la protesta pacífica”, afirmó la declaración.

Via: infobae