Colombia
Las FARC someten a niños a reclutamiento forzado: Impactantes imágenes capturadas por la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules
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El pasado 2 de septiembre en la vereda Montañita, en la zona rural de Tumaco, Nariño, la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules anunció la captura de dos presuntos líderes de la estructura Oliver Sinisterra, conocidos como alias ‘Los Profes’. Estos individuos, según las autoridades, tenían a su cargo el entrenamiento de al menos 50 personas, incluyendo menores de edad víctimas de reclutamiento forzado, en un campamento guerrillero que quedó registrado en video gracias a un avión no tripulado del Ejército.
Las imágenes revelan a las personas realizando actividades de entrenamiento militar, que abarcaban desde el manejo de armas y explosivos hasta la formación en inteligencia criminal y la planificación de acciones terroristas contra bases militares y estaciones de Policía. El general Helder Giraldo, comandante de las Fuerzas Militares, destacó que esta captura fue posible gracias a meses de labor de inteligencia que identificaron el campamento desde el 14 de julio de 2023, como parte del Plan de Campaña Estratégico Conjunto Ayacucho ejecutado por la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules.
El general Giraldo también enfatizó que esta célula guerrillera estaba involucrada en instrumentalizar a la población civil para interferir con las funciones públicas a través de la protesta social ilegal, utilizando esto como pretexto para expulsar a las unidades militares encargadas de la seguridad en el litoral Pacífico nariñense.
Capturas
Además de las capturas, el operativo condujo a la incautación de material de guerra y propaganda relacionada con la Segunda Marquetalia, así como varios kilogramos de pasta base de coca y cerca de 18 millones de pesos en efectivo.
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La ONU advierte un alarmante aumento en el reclutamiento infantil por parte de disidencias de las FARC
Al menos 130 menores de edad fueron reclutados por los grupos armados en 2022, de acuerdo con el informe del secretario general sobre la infancia en las guerras.
En su informe anual sobre niños y conflictos armados en el mundo, el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, ha destacado que las disidencias de la extinta guerrilla de las FARC fueron los mayores perpetradores de graves violaciones contra menores de edad en Colombia durante el año 2022. El informe publicado, revela que diversos grupos armados reclutaron al menos 130 niños y niñas con edades comprendidas entre los 11 y los 17 años, de los cuales 87 fueron reclutados por las estructuras que se apartaron del acuerdo de paz.
En su comunicado, Guterres expresó su profunda preocupación por el continuo aumento de las violaciones graves, particularmente en lo que respecta al reclutamiento, la utilización y la matanza de niños por grupos armados, en especial por las facciones disidentes de las FARC-EP. Además, destacó el aumento en el número de niñas y niños indígenas y afrocolombianos que son víctimas de estas violaciones. El secretario general de la ONU instó a los grupos armados a cesar de inmediato estas violaciones, liberar de manera incondicional a los niños y comprometerse con plazos concretos para poner fin y prevenir estas atrocidades.
La reciente crisis en los diálogos con una de las principales disidencias de las FARC ha arrojado luz sobre las nuevas dinámicas de reclutamiento forzado que alimentan la violencia de los grupos armados. El llamado Estado Mayor Central, liderado por Iván Mordisco, perpetró el asesinato de tres adolescentes indígenas que habían sido reclutados por la fuerza en el departamento selvático de Putumayo el mes pasado. Esta masacre desencadenó una repulsa generalizada y llevó al Gobierno de Gustavo Petro a suspender el cese al fuego acordado desde el Año Nuevo con los disidentes en cuatro departamentos: Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo.
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En Colombia, persisten siete conflictos armados internos, y cuatro de ellos involucran a diferentes facciones disidentes, según el último informe anual del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). Además de los 87 niños reclutados por las disidencias en 2022, otros 18 fueron reclutados por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la última guerrilla en armas con la que el Gobierno ha acordado un cese al fuego hasta el próximo año. Guterres alabó los diálogos con el ELN, calificándolos de “alentadores” y exhortó a las partes a priorizar la protección de la infancia en estas conversaciones y futuras negociaciones.
El Clan del Golfo, la mayor banda del narcotráfico en Colombia, también reclutó a otros 15 menores. El Gobierno tiene la intención de dialogar con esta organización como parte de su política de paz total con los diferentes actores armados. Según el informe de la ONU, de los 130 niños reclutados, alrededor de cien han sido liberados, 18 perdieron la vida, y 12 permanecen vinculados a estos grupos. Ante esta situación, Guterres felicitó al Gobierno por los avances en la prevención de estas violaciones y en particular por la suspensión de los ataques aéreos contra campamentos de grupos armados donde podrían estar presentes menores. Esta política de seguridad fue implementada por la Administración de Petro y busca evitar incidentes similares a los que ocurrieron en el pasado, en los que al menos 29 niños y niñas perdieron la vida en operativos militares.
La cuestión de los bombardeos en áreas con presencia de menores ha sido motivo de controversia en Colombia en los últimos años, generando debates en el Congreso y dimisiones en el Gobierno anterior. El actual ministro de Defensa, Iván Velásquez, ha reiterado que cualquier niño reclutado es una víctima y ha instado a abordar esta problemática con responsabilidad y empatía.
Pronunciamiento del gobierno de Gustavo Petro tras el reclutamiento de niños
El programa de “paz total” del presidente colombiano, Gustavo Petro, sufrió un duro revés este lunes tras el impactante asesinato de cuatro menores indígenas, quienes habían sido reclutados por el Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de la antigua guerrilla de las FARC. Este trágico suceso ha generado una complicación significativa en los esfuerzos del Gobierno por iniciar un diálogo de paz con esta facción.
El crimen, inicialmente denunciado el pasado fin de semana por la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), tuvo lugar en el departamento de Putumayo, ubicado en la frontera con Ecuador. El Gobierno colombiano ha atribuido la matanza al EMC y, como respuesta, ha decidido suspender de manera parcial la tregua bilateral con esta facción en los departamentos del Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo, que son las áreas principales de operación del grupo. Se ha anunciado que todas las operaciones ofensivas se reanudarán en un plazo de 72 horas.
“Matar niños indígenas es un delito de lesa humanidad inadmisible. Reclutar forzadamente menores de edad, lo mismo”, dijo Petro a través de un mensaje de Twitter.
Según la OPIAC, los cuatro jóvenes, que habían intentado escapar del reclutamiento el pasado 17 de mayo, fueron asesinados de manera brutal con armas de fuego. Sus cuerpos fueron encontrados durante el fin de semana en la aldea de El Estrecho (Putumayo). El Gobierno colombiano ha calificado este acto como una “grave violación del Derecho Internacional Humanitario” y ha cuestionado la voluntad de construir un país en paz.
El presidente Gustavo Petro había lanzado su estrategia de “paz total” en Colombia el 31 de diciembre de 2022, con una duración prevista de seis meses destinados a dialogar y acercar posturas con cinco grupos armados ilegales. Sin embargo, esta iniciativa, diseñada para reducir la intensidad del conflicto armado y facilitar el diálogo, no ha logrado sus objetivos hasta el momento.
La decisión de suspender el alto al fuego con las disidencias ha sido bien recibida en algunos sectores. Juan Guillermo Zuluaga, gobernador del departamento de Meta, la celebró y destacó que la paciencia se estaba agotando debido a los secuestros, extorsiones y otras actividades delictivas que nunca cesaron por parte del EMC. Por otro lado, la senadora derechista María Fernanda Cabal aprovechó la oportunidad para responsabilizar a Petro de la escalada de violencia, argumentando que su estrategia de “paz total” dejó a Colombia en manos de los terroristas.
A pesar de la suspensión de la tregua, el Gobierno colombiano mantiene la esperanza de entablar negociaciones con el Estado Mayor Central, liderado por Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, un veterano guerrillero que nunca aceptó el acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016. Los líderes de la otra disidencia, la Segunda Marquetalia, sí firmaron la paz, pero se retiraron tres años después, alegando incumplimientos por parte de Petro.
El Gobierno colombiano planea compartir en breve los nombres de los miembros de su delegación para la mesa de conversaciones de paz con el EMC-FARC, con la intención de iniciar los diálogos de manera urgente. La fecha original de inicio de estas conversaciones era el 16 de mayo, según el EMC, pero se pospuso para garantizar la participación de organizaciones sociales y otros sectores.
El EMC había cuestionado su continuidad en el pacto de paz el 16 de mayo, alegando que el Gobierno había incumplido con operaciones militares a lo largo del año, resultando en la muerte de diez guerrilleros y heridas a otros veinte. Tras la suspensión del alto al fuego bilateral, el Estado Mayor Central advirtió sobre la posibilidad de un recrudecimiento de la guerra, con más víctimas y prisioneros.
Declaraciones de las FARC ante la JEP: su postura sobre el reclutamiento de menores
El partido FARC admite el reclutamiento de menores, pero surgen discrepancias en las declaraciones de su líder, Rodrigo Londoño, ante la Jurisdicción Especial para la Paz.
Rodrigo Londoño, conocido como “Timochenko” en sus días de guerrillero y líder actual del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), rindió su primera versión libre ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Colombia, en relación al reclutamiento y utilización de niños en el conflicto armado colombiano. La declaración se llevó a cabo de manera reservada y virtual como parte del “Caso 07”, en el cual la JEP investiga casos de violencia sexual vinculada al reclutamiento, incluyendo abuso, violación y abortos forzados.
La postura del partido FARC en torno al reclutamiento de menores ha sido objeto de debate. La organización reconoció que el reclutamiento de menores fue “un hecho evidente” en sus filas durante el conflicto armado. No obstante, surgieron discrepancias en las declaraciones de Londoño ante la JEP.
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Mientras algunos medios de comunicación informaron que el líder de la FARC negó el reclutamiento de menores durante su comparecencia ante la Sala de Reconocimiento y Verdad de la JEP, la organización política emitió una declaración en la que asegura que “hay una campaña de desinformación para culpar a comparecientes antes de tiempo y deslegitimar el proceso de paz”.
Este episodio ha generado críticas tanto a nivel nacional como internacional. José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, afirmó que “los excomandantes de las FARC deben abandonar este falso, vergonzoso e insostenible relato” y sugirió que podrían enfrentar severas penas de prisión si no cooperan con la verdad y la justicia.
La JEP ha destacado que Rodrigo Londoño no solo fue el último jefe de las FARC, sino que también formó parte del Estado Mayor Central desde 1982, donde se definía la política de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en la guerrilla.
Críticas sobre el reclutamiento de menores
Según datos de la JEP, se encontraron 286 registros de personas que ingresaron a las FARC siendo menores de 18 años y fallecieron dentro de la organización. De este grupo, 60 fueron fusilados después de consejos de guerra y ocho se suicidaron. Además, según el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, al menos 16.879 menores de 18 años fueron víctimas de reclutamiento entre 1960 y 2016 por diversos grupos armados, siendo las FARC responsables del 54% de los casos.
A pesar de las evidencias, miembros del partido FARC han sostenido que los menores se unieron de forma voluntaria a la guerrilla y no fueron reclutados forzosamente. Estas afirmaciones han sido objeto de críticas por parte de organizaciones de víctimas y figuras internacionales, incluido el expresidente colombiano y premio Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, quien ha instado a la FARC a reconocer el reclutamiento forzado de menores como parte de su compromiso con la verdad.