Los chilenos vuelven a las urnas para decidir sobre una nueva Constitución

Los chilenos vuelven este domingo 17 de diciembre a las urnas para votar sobre una segunda propuesta de Constitución que reemplace a la legada por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Este texto, respaldado por la derecha, tiene posturas aún más conservadoras que la actual carta magna y se teme que pueda eliminar la restringida ley de aborto y endurecer la política migratoria. El plebiscito tiene lugar tras el rechazo en 2022 de un primer proyecto, elaborado por movimientos de izquierda con el apoyo del presidente Gabriel Boric, y en medio de un ambiente de desinterés y hartazgo de la población. Entérate aquí

Este domingo, 17 de diciembre, más de 15,4 millones de chilenos regresan a las urnas para decidir si aprueban o rechazan una segunda propuesta de Constitución que reemplace a la legada por la dictadura militar (1973-1990). La votación, según los analistas y la misma población, está marcada por el desinterés y hartazgo pues se trata de la quinta votación constitucional desde 2020 y, para muchos jóvenes, no responde a sus demandas de transformación social.

“Los movimientos estudiantiles no tienen la fuerza que tuvieron, y no están movilizados por este plebiscito porque es entre la Constitución del 80 y una Constitución más a la derecha que la del 80”, dijo a AFP Claudia Heiss, politóloga de la Universidad de Chile.

Según las autoridades electorales, 3,237 centros de votación abrirán sus puertas entre las 08:00 y las 18:00 hora local (12:00 a 22:00 GMT)  del domingo y se espera que el resultado esté un par de horas después del cierre de urnas.

En el exterior, la primera votación se inició a las 8 hora local del domingo en las circunscripciones de Auckland y Wellington, en Nueva Zelanda, y luego se extenderá a otros países cuando sea la misma hora. El voto en Chile es obligatorio y los electores corren el riesgo de ser multados si no acuden a las urnas.

Sin embargo, la votación tiene lugar en plenas fechas navideñas y con gran parte de la población entrando a sus vacaciones de fin de año, por lo que sondeos han vaticinado una participación menor al 85,7 % reportado en el plebiscito de septiembre de 2022, cuando los chilenos rechazaron de manera contundente la primera propuesta de carta magna.

Se trata del segundo intento para reemplazar la Constitución heredada de Augusto Pinochet, que mantiene divididos a los chilenos a pesar de que varias reformas eliminaron sus aspectos más autoritarios.

Una primera propuesta, apoyada por el gobierno de izquierda de Boric y sus aliados, tras las violentas protestas de 2019 que exigían profundas reformas sociales, se hundió en las urnas en septiembre de 2022, tras lo cual hubo una nueva elección de constituyentes en la que se impusieron la derecha y la ultraderecha. Si se aprueba el nuevo texto, explicó a la agencia EFE Claudia Heiss, “sería la segunda Constitución más larga de América Latina”.

Los grupos de derecha aseguran que esta larga nueva propuesta “recoge” las preocupaciones ciudadanas actuales, como la seguridad y la migración, y garantizan que su aprobación pondrá fin a los cuatro años de incertidumbre que provocó el estallido social de 2019.

El texto que se votará en el plebiscito, de 17 capítulos y 216 artículos, fue diseñado por el Consejo Constitucional, órgano donde la ultraderecha y la derecha tradicional contaron con mayoría, con 22 y 11 escaños, respectivamente, con lo cual la propuesta es mucho más conservadora que la actual carta magna.

En ese sentido, incluye puntos que han generado controversia como la consagración del “derecho a la vida de quien está por nacer” -una norma que la izquierda oficialista teme que choque con la aplicación de la ley que permite el aborto en tres causales-, la expulsión inmediata de los migrantes irregulares o la exención tributaria de la primera vivienda, en beneficio de las personas de mayores ingresos.

También contempla que el Estado pague por cada estudiante matriculado, en vez de asignar un presupuesto general a las escuelas, conservando la gratuidad en algunas universidades para los más pobres. Sin financiamiento, se evapora el deseo de “educación pública, gratuita y de calidad”, dice Catalina Lufín, de 22 años y presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile.

Además, se fortalecen a las privadas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), creadas en dictadura y muy criticadas por las mesadas que entregan. Si finalmente se rechaza esta propuesta, seguirá vigente la actual Constitución y se cerrará, al menos durante este mandato, el debate porque el Gobierno ya dijo que no impulsará un tercer intento.

Via: france 24