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Milei lanzó programa energético de emergencia

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Las tarifas energéticas fueron sistemáticamente atrasadas en los últimos años, no logran cubrir el costo real de los servicios, y la demanda creció a niveles desproporcionados debido a los precios artificiales. El Gobierno lanzó un plan de emergencia para asegurar que cada argentino pueda tener seguir teniendo acceso a la electricidad.

El rumbo económico que proponía Sergio Massa y el kirchnerismo avanzaba hacia la destrucción total de la matriz energética argentina, con los mismos resultados que hoy sufren países como Venezuela y Cuba: apagones masivos y un deterioro generalizado en la calidad de los servicios.

Durante los últimos cuatro años las tarifas energéticas fueron sistemáticamente atrasadas con respecto a la evolución de los precios, y en particular a los precios mayoristas de este mercado. Los precios que fijó el Estado no reflejaron el costo real de los servicios, y esta brecha no fue exitosamente cubierta por subsidios como muchas veces se hace creer.

En consecuencia, la inversión bruta interna fija en los servicios de distribución de energía fue menguando, y en última instancia la calidad de los servicios. De hecho, la inversión no llegó ni siquiera a poder cubrir el desgaste del capital por obsolescencia o por uso intensivo. Los consumidores vieron precios artificialmente bajos en sus boletas mensuales de electricidad, pero solo a costa de avanzar hacia el colapso de los servicios y los apagones masivos.

La empresa estatal CAMMESA llegó a destinar hasta 104,000 millones de dólares en subsidios energéticos entre 2003 y 2023, un costo absolutamente sideral que debió pagar la ciudadanía vía inflación. Pero no así se logró compensar la brecha entre el costo real de los servicios y las tarifas atrasadas.

Todas las distribuidoras eléctricas del país incurrieron en graves problemas para hacer frente a sus obligaciones crediticias, incluyendo firmas como por ejemplo Edesur, Edenor, Edea, Edesa, Emsa, y Eden SA, entre decenas y decenas de distribuidoras a lo largo y ancho del país.

La mayor parte de las deudas en situación de morosidad responden a empresas que operan en la región del AMBA y la Provincia de Buenos Aires (cerca del 77%), y preocupa la situación de Chubut en el interior del país.

El Gobierno del Presidente Javier Milei se dispuso inmediatamente a atender la crisis energética que dejó el kirchnerismo, para poder defender el acceso de los argentinos a este servicio tan básico e indispensable. A estos efectos, se llevó a cabo la Audiencia Pública para la adecuación de los cuadros tarifarios de distribución de energía eléctrica en el AMBA. Se establecieron cuatro parámetros específicos para atacar la crisis energética y garantizar los servicios:

  • 1) Readecuar la estructura tarifaria
  • 2) Reasignación de subsidios (priorizando proteger a los que menos tienen)
  • 3) Realizar revisión tarifaria cada cinco años
  • 4) Asegurar el suministro eléctrico

El Gobierno volverá a fijar los precios estacionales de acuerdo a las necesidades de las empresas para cubrir sus costos reales, por lo que se eliminarán definitivamente las “tarifas políticas” sobre los servicios públicos. La restauración de las señales de precios en los mercados permitirá revitalizar la inversión del sector privado, mejorando la calidad de los servicios y modernizando el sistema para evitar apagones masivos o desperfectos frecuentes.

El Secretario de Energía Eduardo Rodríguez Chirillo anticipó que será el sector privado el gran protagonista del nuevo programa energético, tanto por empresas locales como por inversores en el exterior. Se buscará volver a revertir el saldo de la balanza energética del país, una meta más que plausible considerando que pudo lograrse durante la década de 1990 siguiendo una política económica similar al que hoy propone relanzar el Gobierno.

Via: derecha diario

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