Pedro Sánchez creará un comité para determinar qué noticias son “falsas”

El Gobierno español, encabezado por el socialista Pedro Sánchez, ha lanzado un autoritario plan para intervenir en la financiación y regulación de los medios de comunicación.

Específicamente, el Gobierno de Sánchez planea crear un “comité de expertos” encargado de definir lo que constituye una “noticia falsa” y evaluar las desviaciones de las “buenas prácticas” periodísticas. Este órgano tendría la autoridad para señalar a los medios que publiquen “información falsa” y podría censurar a aquellos que no cumplan con los estándares establecidos.

Aunque públicamente no se ha mencionado la imposición de multas económicas, en privado se ha discutido la posibilidad de sancionar a los medios infractores.

El plan del Gobierno incluye la implementación de un reglamento que exige la “transparencia en la financiación pública de las empresas informativas”. Esta medida obligaría a los medios privados a publicar su financiación para que luego el gobierno socialista tenga la información de quienes son los opositores y posteriormente perseguirlos.

Este enfoque permitiría “identificar a las empresas que se nieguen a ser transparentes”, generando presión para que cumplan con estas nuevas normativas.

Ante esta iniciativa de los socialistas, que va en contra de la libertad de expresión y la libertad de prensa, la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) ha expresado preocupación por las posibles injerencias del Gobierno en el trabajo periodístico.

En un comunicado, la APM subrayó la importancia de “mantener la independencia de los medios y evitar que las medidas de transparencia se utilicen como una herramienta de control gubernamental”.

Esta estrategia busca asfixiar económicamente a los medios críticos, reduciendo su capacidad operativa y su influencia en la opinión pública. El plan de Sánchez ha generado un intenso debate sobre las implicaciones para la democracia y la libertad de prensa en España. Estas medidas son un intento de silenciar a los medios opositores y consolidar el control gubernamental sobre la información que llega al público.

La preocupación principal es que, bajo el pretexto de la transparencia y la ética, el Gobierno esté implementando un sistema de censura encubierta. Los medios que no se adhieran al código ético propuesto o que sean señalados por el "comité de expertos socialistas" podrían enfrentar sanciones que comprometerían su sostenibilidad y capacidad operativa.

Via: derecha diario