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Señalan al nuevo Secretario General de la OEA por uso de fondos para lujos innecesarios, nepotismo y desvío de prioridades institucionales

Desde su llegada, el nuevo secretario general de la OEA, Albert Ramdin, ha desatado una ola de críticas que va desde viajes en limusina hasta remodelaciones millonarias. Lo que prometía ser una nueva era para la organización, podría convertirse en una tormenta institucional.

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El recién nombrado secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, quien asumió oficialmente el cargo el pasado 30 de mayo, enfrenta serios señalamientos por presuntas prácticas de corrupción. También se le acusa de abuso de poder y opacidad administrativa, lo que genera preocupación dentro del organismo y entre los países miembros.

Según fuentes internas de la OEA, que han solicitado anonimato por temor a represalias, Ramdin ha incurrido en gastos exorbitantes en viajes y remodelaciones. Estos contrastan con las necesidades urgentes de funcionamiento de la organización. Durante una reciente gira por Europa, que incluyó escalas en el Vaticano, la ciudad de Niza (en el marco de la Cumbre de los Océanos) y otros destinos cuya relevancia institucional ha sido cuestionada, Ramdin habría exigido traslados en limusinas. Este traslado tuvo un costo superior a los 250,000 dólares.

Los lujos también se han evidenciado durante su estadía en Antigua y Barbuda. Allí pidió hospedarse en un hotel distinto al de sus secretarios adjuntos, evidenciando una marcada separación con su equipo inmediato. Apenas asumió el cargo, solicitó la remodelación completa del octavo piso del Edificio F. El objetivo de la solicitud era aislarse físicamente de otras oficinas, e incluyó la instalación de sofisticadas e innecesarias medidas de seguridad.

Otro hecho que ha generado críticas es el nombramiento de su asesora Xaviera Jessurun, como jefa de asesores. Jessurun no cuenta con experiencia diplomática previa y únicamente se había desempeñado como asistente en cancillería de Surinam. Sin embargo, Ramdin habría ordenado que a Jessurun le aumentaran el sueldo, fuera de la escala autorizada. Según las fuentes, el salario de Jessurun es ahora mayor al del secretario de Estado de los Estados Unidos, quien gana $250,600 al año.

Representantes de varios países han expresado su preocupación y descontento con estas situaciones. También hacen los señalamientos de irresponsabilidad en el gasto, nepotismo y hasta corrupción.

Principalmente señalan los gastos irresponsables ordenados por Ramdin. Esto ocurre a pesar de que existen prioridades de carácter urgente que requieren inversión inmediata. Tal es el caso del sistema de comunicaciones de la OEA, el cual colapsó desde finales de 2022. Actualmente continúa operando únicamente con respaldo de emergencia (back-up). De dejar de funcionar este sistema alterno se paralizaría tanto el Consejo Permanente como sus comités. Esta situación ha sido advertida reiteradamente por la Subsecretaría General, sin que se hayan destinado los fondos necesarios para su solución.

Las decisiones polémicas no terminan ahí. En la sesión plenaria del Consejo Permanente convocada para este 6 de agosto, Ramdin buscará oficializar el nombramiento de Chet Donovan Neymour como jefe de asesores. Neymour, exrepresentante de Bahamas ante la OEA y cercano operador de Ramdin, presidió el Consejo Permanente hasta junio de 2025. Actualmente enfrenta procesos abiertos por casos de corrupción y uso indebido de recursos de la OEA.

La suma de estos hechos plantea un escenario preocupante para la OEA, organismo clave en la defensa de la democracia y los derechos humanos en el hemisferio. Las denuncias de uso discrecional de recursos, presunto nepotismo y la postergación de inversiones críticas para el funcionamiento institucional revelan un patrón. Este patrón, de confirmarse, podría erosionar la legitimidad y credibilidad del nuevo liderazgo.

La situación exige una respuesta contundente y transparente por parte de los órganos de fiscalización interna y de los Estados miembros. Ellos deberán evaluar con objetividad la sostenibilidad de estas decisiones y su impacto sobre la misión de la OEA. De no corregirse el rumbo, el organismo corre el riesgo de sumirse en una crisis de gobernabilidad. Esta crisis comprometería su operatividad y su imagen internacional.

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