Últimas reformas de AMLO, criticadas por su oportunismo electoral

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, envió un paquete de 20 reformas (18 constitucionales y dos sobre leyes secundarias) a la Cámara Baja para su análisis, debate y posible aprobación, con iniciativas que abarcan un amplio espectro de la administración pública en ámbitos como el electoral, laboral, sistema judicial, seguridad pública, sistema de pensiones, salud pública, programas sociales, derechos humanos, sector eléctrico y órganos autónomos.

Por ahora, las iniciativas ya fueron repartidas en las distintas comisiones legislativas para que los diputados las revisen y discutan su viabilidad. El camino será largo, ya que actualmente el partido oficialista Morena y sus partidos aliados no cuentan con la mayoría necesaria en ambas cámaras del Congreso para aprobarlas sin la necesidad de negociar con los partidos opositores. 

La propuesta es vista por analistas consultados por France 24 como una jugada política y mediática del presidente López Obrador pues se produce a menos de ocho meses de dejar la presidencia, en pleno año electoral y a un mes de que comiencen las campañas, donde la candidata oficialista, Claudia Sheinbaum, competirá con la opositora Xóchitl Gálvez por ver quién se lleva la presidencia de la república.  Además, el paquete de iniciativas llega en medio de acusaciones por un supuesto financiamiento a su campaña presidencial de 2006 por parte del Cártel de Sinaloa. 

López Obrador es un presidente que ha recurrido de manera constante a los mensajes simbólicos en su forma de hacer política. En esta ocasión eligió el 5 de febrero, día en que se conmemora la Constitución mexicana, para anunciar su último bombardeo a la carta magna. A pesar de que el protocolo de la fecha le marcaba viajar hasta la ciudad de Querétaro (al norte de la Ciudad de México) para conmemorar la Constitución, optó por permanecer en Palacio Nacional para presentar sus iniciativas.

“Las reformas que propongo buscan establecer derechos constitucionales y fortalecer ideales y principios relacionados con el humanismo, la justicia, la honestidad, la austeridad y la democracia que hemos postulado y llevado a la práctica desde los orígenes del actual movimiento de transformación nacional”, dijo el presidente sobre los objetivos de sus iniciativas, desde el histórico recinto parlamentario del Palacio Nacional, donde se discutió la Constitución de 1857.

En material electoral quiere reducir los gastos de las elecciones, que sólo sea necesario el 30% de participación en una consulta popular para que sea vinculante y adelgazar la nómina legislativa: ya no serían 500 los diputados sino 300 y los senadores pasarían de 120 a 64 representantes.

También plantea una polémica reforma al Poder Judicial, con jueces, magistrados y ministros que sean elegidos por voto popular y no con concursos públicos como se hace actualmente con el apoyo del Congreso para elegir a los mejores perfiles.

Este apartado, fue duramente criticado, incluso por entes como la International Chamber of Commerce México, que lanzó un comunicado donde advierten que algunas reformas vulneran las instituciones responsables de combatir la corrupción. 

Sin embargo, el presidente ha insistido en la necesidad de la reforma judicial, con la justificación de que este poder está secuestrado por una minoría y al servicio de la delincuencia de cuello blanco, con lo que agravó sus ataques al Poder Judicial.

En un nuevo intento por borrar la huella de sus antecesores, el presidente López Obrador propone revertir las reformas al sistema de pensiones que fueron aprobadas en 1997 y 2007 por los expresidentes Ernesto Zedillo y Felipe Calderón, respectivamente, con el objetivo de que todos los mexicanos puedan acceder a una jubilación digna. 

Hay cuatro planteamientos que siguen la ruta de los programas sociales, son el de garantizar la pensión para los adultos mayores e incrementarla cada año, la atención para personas con capacidades diferentes, las becas para estudiantes de bajos recursos en todos los niveles educativos y seguros para campesinos, quienes obtendrían apoyos directos para cultivar sus tierras. 

Respecto al tema salarial envió tres propuestas con diferentes enfoques. Quiere aumentar el salario mínimo por encima de la inflación que se registre cada año. Que el salario mínimo de maestros, policías, marinos, enfermeras, médicos, entre otros funcionarios públicos, no sea menor al de trabajadores que cuenten con seguridad social. De igual forma, busca establecer a nivel constitucional que ningún servidor público pueda tener un salario más alto que el presidente de la República, disposición que ya se aplica actualmente pero no con ese rango legal.  

Respecto al costo que supondría la aplicación de las 20 reformas, el coordinador del Laboratorio en Comercio, Economía y Negocios (LANCE) de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Ignacio Martínez Cortés, declaró a Forbes que sería de 4,1 por ciento del producto interno bruto (PIB) que podrían financiarse por medio de una reforma fiscal para aumentar los ingresos públicos. 

En materia social y de derechos humanos, la batería de reformas busca garantizar que todos los mexicanos reciban atención médica integral y gratuita, el derecho a la educación y el trabajo y que todos los trabajadores puedan acceder a una vivienda digna.

Sin embargo, estos conceptos ya están incluidos en la actual Constitución, tal como sucede con la propuesta que busca reconocer a los pueblos indígenas y afromexicanos, la primera que anunció el presidente en la ceremonia.

Otra iniciativa sobre seguridad es la de integrar a la Guardia Nacional (fuerza estatal creada por el actual gobierno) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a pesar de las críticas por militarizar la seguridad pública y de que aseguró que sería un cuerpo armado con mando civil.

Las reformas también alcanzan al sector eléctrico nacional, el cual ha sido impulsado por el presidente desde el inicio de su gestión. Con la reforma enviada, pretende devolver a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) el rango de empresa pública estratégica que perdió en sexenios pasados.

Además, en aras de revivir la red ferroviaria del país, López Obrador pretende que destinen 18 mil kilómetros de vías férreas para trenes de pasajeros, un movimiento que viene tomando fuerza con la reciente inauguración del Tren Maya que recorre la península de Yucatán (al sureste del país) y la construcción del Tren Interurbano que conecta la Ciudad de México con la ciudad de Toluca, Estado de México (al poniente de la capital).

Otras propuestas que resaltaron por su enfoque fue la de prohibir el maltrato animal y es que en México, siete de cada 10 mascotas sufren maltrato, de acuerdo con un estudio del Senado mexicano.

Detener el fracking en el país y de paso no autorizar concesiones para la actividad minera a cielo abierto, fueron otras iniciativas incluidas que responden a reclamos antiguos de sectores medioambientales.

Lo mismo sucede con la reforma que busca respetar las zonas con escasez de agua y otorgar únicamente concesiones para uso doméstico, que es vista por algunos sectores como un paliativo para la crisis de acceso al agua que ya se vive en el norte de México y que acecha el centro del país.

El paquete de reformas fue celebrado por sus seguidores y correligionarios, quienes destacan el corte social de las iniciativas, así como la atención a sectores vulnerables y demandas añejas. Al mismo tiempo ha sido criticado por opositores y analistas, pues consideran que el anuncio fue inoportuno por tratarse de la antesala electoral, además de poner en duda la viabilidad de las propuestas y destacar que no respetan la división de poderes porque se entrometen en tareas del Poder Judicial y el Poder Legislativo. 

Algunos analistas, incluso consideran este anuncio como un distractor mediático para que la prensa crítica y la conversación pública gire alrededor de sus ideas mientras transcurren las campañas presidenciales, mientras por otro lado no se habla de temas que le incomodan, como las acusaciones publicadas en ProPublica y DW sobre que recibió financiamiento de parte del crimen organizado para su campaña presidencial de 2006 o sobre los hechos violentos que tanto le incomodan. Tan sólo este fin de semana, tres personas murieron en una balacera al interior de un club nocturno en Tabasco (cuna de López Obrador), pero el presidente no se pronunció al respecto.

Actualmente, el partido oficialista y sus aliados cuentan con 273 de 334 diputados y 75 de los 86 senadores requeridos para aprobar cualquiera de las iniciativas enviadas por el presidente, por lo que será necesario negociar con la oposición y es posible que ninguna se apruebe en el actual periodo legislativo que termina el 31 de agosto.

Sin embargo, especialistas consultados por France 24 señalan el doble objetivo de presentar un paquete de esta dimensión en pleno año electoral, ya que de esta forma se mete de lleno en las elecciones del 2 de junio, donde se verán las caras la candidata oficialista, Claudia Sheinbaum y la opositora Xóchitl Gálvez. 

“Las iniciativas entran con un mismo cálculo y objetivo: convertir sus propuestas de reformas en banderas electorales, entonces es parte de su campaña, su partido y su candidata presidencial, de hecho Claudia Sheinbaum ha hecho suyas las iniciativas del presidente (…) es parte de una estrategia, no legislativa ni constitucional, sino una estrategia político electoral del presidente López Obrador”, dice el doctor Benito Nacif, exconsejero del Instituto Nacional Electoral, quien advierte que una estrategia similar ocurrió en 2021, previo a las elecciones del Congreso. 

Al respecto, el doctor Javier Martín Reyes, investigador de la UNAM y experto en derecho electoral, afirma que la viabilidad de las reformas es  de cero y que el presidente lo sabe, por lo que observa dos objetivos con las propuestas. “El presidente quiere estar en la boleta indirectamente ¿Cómo? Dominando la agenda de las campañas presidenciales y es una manera en la que el presidente logra desviar la atención de las campañas, de las candidaturas, de las propuestas y de la evaluación de su sexenio”, comenta a France 24.

Con estas reformas, el presidente también le marca la agenda a la persona que lo suceda en el cargo, sin importar guién gane. De acuerdo con los tiempos legislativos, todo indica que la mayoría de las reformas se discutirán hasta el siguiente periodo que inicia el 1 de septiembre, pero con una integración distinta de senadores y diputados que saldrá de los próximos comicios.

Por ello, en caso de que Gálvez sea la vencedora en las elecciones presidenciales, podría enfrentarse al fantasma político del presidente López Obrador metido en el Congreso cuando se discutan las reformas. Mientras que con Sheinbaum se garantizaría la continuidad del proyecto, pues en caso de que las reformas sean rechazadas ella podría retomarlas  más adelante.

Via: france 24