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Víctor Ponta ABSUELTO en el caso “Turceni-Rovinari” tras 8 años
El ex primer ministro de Rumanía, Víctor Ponta, recibió un veredicto absolutorio definitivo por parte del Tribunal Superior de Casación y Justicia (ICCJ) en relación con el caso “Turceni-Rovinari”, después de una prolongada batalla legal de ocho años. La decisión, anunciada por Ponta en su cuenta de Facebook, declaró que los hechos alegados en el expediente simplemente no existen.
Ponta, quien renunció a la presidencia del Partido Socialdemócrata (PSD) y al cargo de primer ministro en 2015 como resultado de este caso, expresó su alivio y agradecimiento a los jueces del ICCJ por “restaurar la verdad”. El ex primer ministro afirmó que la causa penal había sido diseñada con el propósito específico de destituirlo de su cargo.
“NUNCA he invocado la prescripción ni ninguna otra modificación del procedimiento o decisión del CCR. Fui inocente todo el tiempo y la causa penal tuvo, desde el principio, el propósito de destituirme del cargo. Me alegro de haber confiado en el poder judicial”.
Víctor Ponta
En un mensaje difundido en las redes sociales, Ponta extendió sus disculpas a los otros cuatro acusados en el caso y expresó su pesar por el sufrimiento infligido a sus familias. Además, hizo hincapié en que, a pesar de la adversidad que enfrentó, no busca represalias contra los autores del expediente.
“Pido disculpas a los otros 4 acusados (todos absueltos) que fueron “víctimas colaterales”. Lamento el sufrimiento de mi familia y amigos durante este tiempo. Lamento que el Estado rumano (es decir, todos nosotros) haya pagado gastos innecesarios por valor de más de un millón de euros: peritajes, búsquedas, magistrados, abogados, etc., sólo para justificar una acusación evidentemente frívola e infundada”.
Víctor Ponta
Sobre el caso
El caso en cuestión implicaba acusaciones de cooperación profesional indebida entre SCA “Șova și Asociații”, representada por Dan-Coman Șova, y el despacho de abogados individuales “Ponta Victor-Viorel”, representado por Victor Ponta. Según la acusación, se firmó un acuerdo de cooperación profesional en 2007, seguido de un acto adicional en 2008, modificando los honorarios acordados.
Las autoridades de la Agencia Nacional Anticorrupción (ADN) sostuvieron que dicho acuerdo tenía como objetivo la cooperación en asuntos penales y empresariales, además de otros casos que requirieran asistencia legal. Se alegó que Ponta recibiría una cantidad fija mensual de 2,000 euros por su participación. Sin embargo, los fiscales de ADN señalaron que los honorarios fueron modificados a 3,000 euros en marzo de 2008.
“El 27 de marzo de 2008, los demandados celebraron un acto adicional al acuerdo de cooperación profesional, en el sentido de que los honorarios adeudados a la demandada Ponta Victor-Viorel se modificaron hasta la cantidad de 3.000 euros (un mes antes, los dos complejos energéticos habían concluyó con SCA Șova y Asociados otros contratos de asistencia jurídica provistos de comisión de éxito)”, afirman los fiscales de la ADN en el comunicado de prensa enviado en 2015″.
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