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Aprobada la ley de tarjetas de crédito por el Congreso
Una extensa sesión plenaria que se prolongó por más de nueve horas, el Congreso de la República aprobó con el respaldo de 128 diputados el Decreto 2-2024, dando luz verde a la Ley de Tarjetas de Crédito. La normativa busca regular el servicio de tarjetas de crédito, facultando a las cooperativas para emitirlas y estableciendo regulaciones destinadas a prevenir abusos y salvaguardar los derechos de los usuarios.
Antes de la aprobación, la Junta Directiva del Congreso consultó a la Junta Monetaria y la Superintendencia de Bancos para evitar inconstitucionalidades, recabando informes y opiniones. Tras considerar estos pronunciamientos y realizar ajustes, el Congreso aprobó diversas regulaciones para los emisores de tarjetas de crédito.
Entre las regulaciones se incluyen:
- La obligación de analizar la capacidad de pago del cliente antes de otorgar una tarjeta de crédito.
- La provisión de facilidades para firmar convenios de pago en caso de deterioro económico del tarjetahabiente.
- La prohibición de capitalizar intereses.
- La obligación de restituir la tarjeta sin costo cuando sea retenida por un cajero automático.
- La prohibición de obligar la adquisición de un seguro.
- La prohibición de exigir pagos electrónicos sin autorización.
- La obligación de proporcionar un finiquito cuando el tarjetahabiente haya pagado su deuda.
- El derecho del usuario a impugnar gastos no respaldados en su estado de cuenta.
Además, se acordaron cuatro nuevos delitos con penas de cárcel y multas considerables que entrarán en vigor con la ley de tarjetas de crédito:
- Clonación: hasta 10 años de prisión y multa de hasta Q500 mil.
- Uso ilegal: hasta ocho años de prisión y multa de hasta Q150 mil.
- Comercialización ilegal: hasta ocho años de prisión y multa de hasta Q200 mil.
- Uso fraudulento: hasta cinco años de prisión y multa de hasta Q50 mil.
La regulación también aborda el tema de los cobros, prohibiendo el acoso y hostigamiento en la cobranza, evitando prácticas como pegar avisos en lugares públicos cercanos a la residencia o trabajo del usuario. Además, se establece que las gestiones de cobro deben dirigirse únicamente a las personas deudoras y quienes les fían.
No obstante, la ley no logró establecer un tope máximo en las tasas de interés mensual que los emisores de tarjetas de crédito pueden cobrar. Una enmienda que buscaba fijar un límite del 3% mensual fue rechazada, generando tensiones en la sesión plenaria. A pesar de este desacuerdo, la legislatura celebró la aprobación de la nueva ley, que entrará en vigor con el objetivo de promover la transparencia y proteger a los usuarios de tarjetas de crédito.