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Audiencia de viceministro Luis Pacheco queda en manos del Juzgado de Turno
Juzgado de Turno decidirá situación legal de líderes indígenas detenidos por protestas de 2023; Juzgado Cuarto Penal se abstiene de conocer el caso.
El Juzgado Cuarto Penal decidió no llevar a cabo la audiencia de primera declaración de los líderes indígenas Luis Pacheco y Héctor Chaclán, exautoridades de los 48 Cantones de Totonicapán, detenidos por su presunta participación en actos ilícitos durante las manifestaciones realizadas en 2023 contra la fiscal general Consuelo Porras.
La responsabilidad recaerá finalmente en el Juzgado de Turno, según lo establece un acuerdo emitido por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en el año 2020.
¿Retrasos en la audiencia?
De acuerdo con fuentes judiciales, el juez Mario Rodrigo Maldonado Flores, titular “A” del Juzgado Cuarto Penal y contralor del expediente relacionado con los hechos, no ha solicitado al Juzgado de Turno el traslado del caso, pese a haber sido asignado como juzgado competente.
La razón se fundamenta en un lineamiento vigente desde la pandemia de Covid-19, cuando la CSJ autorizó a los juzgados de turno a realizar las audiencias de primera declaración si fueron los primeros en dar a conocer los motivos de detención a los sindicados.
Este procedimiento busca evitar retrasos en la definición de la situación jurídica de los capturados, particularmente en contextos en los que los juzgados ordinarios enfrentan limitaciones operativas o retrasos administrativos.
En ese marco, será el Juzgado de Turno el encargado de resolver la situación legal de Pacheco y Chaclán, aunque la audiencia aún no cuenta con una hora específica. Según los procedimientos establecidos, podría llevarse a cabo entre las 19:00 horas de este jueves y las 07:00 del viernes, dependiendo del juez de turno disponible durante ese periodo.
Delitos cometidos
Ambos dirigentes fueron detenidos el miércoles por el Ministerio Público (MP), que los vincula a supuestos delitos cometidos durante las protestas del año pasado, las cuales exigían la renuncia de la fiscal general y generaron una amplia movilización de comunidades indígenas en el país.
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