Bonilla denuncia red de sobornos dentro del Sistema Penitenciario

María Fernanda Bonilla, procesada por el asesinato de Melisa Palacios, denunció públicamente la supuesta existencia de una red de corrupción dentro del Sistema Penitenciario. Según su testimonio, funcionarios cobran sobornos a cambio de traslados y beneficios. Bonilla pidió la intervención del Ministerio de Gobernación y del Ministerio Público para investigar los hechos.

Audiencia suspendida por inasistencia de abogados

La Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo tenía programado este lunes 10 de noviembre conocer la recusación presentada por María Fernanda Bonilla y José Luis Marroquín contra la jueza Carol Berganza, del Juzgado de Mayor Riesgo C.

Ambos sindicados fueron trasladados en la mañana hacia la Torre de Tribunales, bajo un fuerte dispositivo de seguridad. Sin embargo, la diligencia fue suspendida debido a la incomparecencia de los abogados defensores, quienes debían atender otras audiencias.

Bonilla denuncia red de cobros ilegales

Al salir de la sala, Bonilla ofreció declaraciones a la prensa y aseguró que dentro del Sistema Penitenciario opera una estructura dedicada al cobro de sobornos por traslados y favores especiales.

Relató que el exdirector Ludin Godínez habría solicitado a su familia Q600 mil para trasladarla de la cárcel Los Jocotes, en Zacapa, al centro de detención Mariscal Zavala, ubicado en la zona 17 de la capital. Según Bonilla, en el hecho estaría involucrado también un funcionario de ese centro carcelario.

Bonilla afirmó que ha recibido buenos comentarios del recién nombrado ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, y le pidió que investigue a los funcionarios señalados y erradique las prácticas de corrupción.

“Sé que me estoy ganando enemigos por decir la verdad. Le pido al ministro que no permita que esta estructura siga operando. En el Sistema Penitenciario la corrupción continúa”, expresó.

Revela nombres y pide investigación

La sindicada mencionó directamente a Mario Luis Pacay, actual director general interino del Sistema Penitenciario; y a Ronald Kenny Gabriel Guzmán, jefe del grupo Élite, a quien acusó de “poner y quitar directores” y de recibir cuotas ilícitas entre Q100 mil y Q300 mil.

También señaló a Nelson Lemus Ramos, a quien señaló como operador junto con Guzmán. Según su testimonio, ambos serían los encargados de manejar “toda la corrupción interna” del sistema penitenciario.

Además, Bonilla mencionó a otros supuestos implicados: Erick Barrera Godoy, Wilmer López, Marlon Hernández, Julio Mendoza Raymundo y Rubín Polanco Méndez, a quienes calificó como “corruptos” y “ladrones”.

Aunque Bonilla enfrenta cargos graves dentro de un proceso penal, su denuncia vuelve a poner sobre la mesa un patrón reiterado en el sistema penitenciario guatemalteco: la persistencia de estructuras paralelas que operan bajo sobornos y favores.

La gravedad del señalamiento radica en que proviene de una privada de libertad, lo que podría implicar un riesgo de represalias internas, pero también una oportunidad para transparentar un sistema históricamente opaco y permeado por redes de poder y corrupción.

🚨 #URGENTE | María Fernanda Bonilla acusa a funcionarios del sistema penitenciario de recibir sobornos.

Ofrece colaborar con las investigaciones y asegura tener un testigo protegido que respalda sus declaraciones.#CentraNews #CorrupciónGT #MaríaFernandaBonilla pic.twitter.com/1CjI2UU0L4

— CENTRANEWS (@CentraNewsGT) November 10, 2025