Carreteras de Guatemala enfrentan retos por falta de mantenimiento

La red vial enfrenta una crisis, con solo el 39% de sus más de 18 mil kilómetros de carreteras pavimentadas. En respuesta, el Congreso de la República aprobó la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria, una normativa que busca modernizar la red vial, priorizando rutas estratégicas.

El estado actual de las rutas del país nos deja con vías repletas de baches, puentes deteriorados y tramos bloqueados por deslizamientos. Gran parte de las carreteras están en condiciones deficientes, afectando tanto a los conductores como al desarrollo económico del país.

El mal estado de las carreteras incrementa los costos de transporte y afecta la competitividad de Guatemala en el comercio internacional. Zonas como el corredor del Pacífico, esenciales para el comercio con México, enfrentan pérdidas en productividad debido a las deficiencias en infraestructura.

Cada día, los transportistas se ven obligados a realizar rutas más largas y enfrentar horarios restrictivos para evitar congestiones, lo que aumenta aún más los gastos logísticos y el precio de los productos.

Estado actual de las carreteras

De acuerdo con datos adquiridos de Fundesa, del total de la red vial existente, es posible dar mantenimiento a 10,954 km que están bajo la responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial), consistente en 6,857 km pavimentados y 4,097 km de terracería.

El Plan de Desarrollo Vial (PDV) 2018-2032 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) establece una estrategia para mejorar y ampliar la red vial de Guatemala, con objetivos de integración regional, accesibilidad y seguridad. El país cuenta con 18,870 km de carreteras, de las cuales solo el 39.87% están pavimentadas, dejando al país con una cobertura de infraestructura vial considerablemente baja en comparación con otras naciones de Centroamérica.

Datos de la Dirección General de Caminos (DGC) y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) indican que hasta 2023 se registraron 18,870.990 km de red vial, en los cuales circulan 5,266,843 vehículos.

Según el CIV, la inversión total necesaria para el período de 2018 a 2032 es de aproximadamente Q95 mil 816 millones. Sin embargo, hasta la fecha, los fondos asignados no son suficientes para satisfacer las necesidades de infraestructura vial. Aunque se han implementado Alianzas Público-Privadas para compartir los costos, la inversión privada cubre solo un 31.3% del total proyectado.

Según Alejandro García, exviceministro de Infraestructura del CIV, desde el 2014 se han invertido Q43 mil millones en reparación de infraestructura.

Impulsan desarrollo con nueva Ley de Infraestructura Vial Prioritaria

El Congreso de la República aprobó el 12 de noviembre la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria (Decreto 29-2024). Esta normativa busca fortalecer la red vial de Guatemala, asimismo, se plantea como una base para el desarrollo económico y social, enfocándose en mejorar rutas estratégicas que conecten fronteras, puertos y zonas metropolitanas. 

La ley prioriza el mantenimiento, ampliación y construcción de vías clave como las rutas CA-1 (Oriente y Occidente), CA-2, CA-8, CA-9 (Norte y Sur), y la CA-13, además de carreteras perimetrales como el Anillo Metropolitano y el Anillo Regional. Estas obras buscan aliviar la congestión vehicular, mejorar la logística nacional y facilitar el comercio internacional. 

La normativa, compuesta por 116 artículos, prohíbe el cobro de peajes en las rutas prioritarias, garantizando que estas vías sean accesibles para todos los guatemaltecos. Además, regula los procesos de diagnóstico, diseño, construcción, mantenimiento y supervisión de la infraestructura vial, promoviendo principios de transparencia, sostenibilidad y rendición de cuentas. 

El objetivo es generar condiciones óptimas para la conectividad nacional, asegurando el transporte seguro y eficiente de personas y bienes. Esto también busca atraer inversión extranjera de empresas de renombre internacional, necesarias para resolver la crisis vial actual y modernizar el país. 

Para ejecutar la ley, se establecerá la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios (DIPP), un órgano autónomo anexo al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV). La DIPP contará con independencia funcional y financiera para gestionar, supervisar y coordinar los proyectos viales prioritarios. 

El ministro de Comunicaciones encabezará la Dirección, que estará conformada además por los titulares de Finanzas Públicas y Economía, junto con los presidentes del Colegio de Ingenieros, la Cámara Guatemalteca de la Construcción, el Consejo de Usuarios del Transporte Internacional de Guatemala y el gerente de la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios. Cada miembro contará con un suplente designado.

Además, se crea el Fondo para Proyectos Viales Prioritarios (Fovip), que financiará las obras y garantizará certeza en los pagos a contratistas. Este debe ser asignado por el Ministerio de Finanzas (Minfin) 60 días después que la actual Ley entre en vigencia. El fondo tendrá una asignación inicial de Q10 millones para 2024 y Q20 millones para 2026.

La ley será vigente 30 días después de su publicación en el Diario Oficial, a excepción de los artículos 89, 90 y 91 que entrarán en vigor el 1 de julio de 2026, y el artículo 92, entrará en vigencia el 1 de enero de 2027.

El presidente de la República, Bernardo Arévalo indicó que “Es una ley que lo que crea son mecanismos que nosotros esperamos efectivamente permitan avanzar y facilitar la inversión pública para el desarrollo de carreteras que es una de las prioridades del país, estamos complacidos y listos para trabajar”.