Caso Melisa Palacios: Justicia en suspenso mientras sindicados evaden juicio

A casi tres años del asesinato de Melisa Palacios, un caso que conmocionó a Guatemala, el proceso judicial sigue estancado en la etapa intermedia, mientras los principales acusados, María Fernanda Bonilla y José Luis Marroquín Ovalle, continúan sin enfrentar un juicio.

El caso, que ha estado marcado por polémicas, recusaciones y presuntas irregularidades, mantiene en vilo a la familia de la víctima, quien exige justicia y un cambio en la tipificación del delito.

El 5 de julio de 2021, el cuerpo sin vida de Melisa Alejandra Palacios Chacón, de 21 años, fue encontrado en un terreno boscoso de Río Hondo, Zacapa, con evidentes signos de violencia. Las investigaciones del Ministerio Público (MP) señalaron a Bonilla y Marroquín como los presuntos responsables, acusándolos inicialmente de secuestro y asesinato. Sin embargo, un juez reformó el delito a “homicidio en estado de emoción violenta”, una decisión que ha sido cuestionada por la familia de la víctima y el Instituto de la Víctima, quienes buscan que se eleve a “asesinato”.

Recusaciones y dilaciones judiciales

El pasado 12 de marzo, una audiencia clave en el Juzgado de Primera Instancia Penal y Narcoactividad de Chiquimula fue suspendida tras la recusación del juez Juan José Regalado Rivas por parte del Instituto de la Víctima. Según el abogado Juan Carlos Arquil, la defensa de los acusados se retractó del procedimiento de la Ley de Aceptación de Cargos, lo que, según la normativa, debería implicar que el juez no continúe conociendo el caso.

Aunque la recusación fue aceptada parcialmente, el juez permitió que otro magistrado del mismo tribunal lleve adelante la audiencia en los próximos días. Esta decisión ha generado desconfianza en la familia de Palacios, quienes aseguran que el proceso ha estado plagado de irregularidades, incluyendo visitas nocturnas de familiares de los acusados al tribunal y la presencia de sujetos armados en las afueras del juzgado.

Bonilla defiende su inocencia

Durante una reciente audiencia, María Fernanda Bonilla ingresó al juzgado rodeada de seguridad privada y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), portando un chaleco antibalas. En declaraciones a la prensa, Bonilla aseguró que no cometió asesinato, sino homicidio en estado de emoción violenta, y afirmó enfrentar el proceso con “un corazón tranquilo y lleno de fe”.

“Estoy dando la cara y enfrentando la justicia. No sé cuál es el temor de que yo pueda obtener la libertad si saben que mi delito no es asesinato”, declaró Bonilla, quien también aseguró que no aceptará cargos y confía en que “la justicia llegará tarde o temprano”.

Familia exige justicia y traslado del caso

La familia de Melisa Palacios ha denunciado presuntas irregularidades en el manejo del caso, incluyendo la reformulación del delito y la falta de acceso a pruebas clave, como capturas de pantalla y un audio en el que Bonilla admitiría haber raptado a la víctima. Además, han solicitado que el expediente sea trasladado a un Juzgado de Mayor Riesgo, argumentando que el actual tribunal no garantiza imparcialidad.

En agosto de 2022, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) retiró la inmunidad al juez que inicialmente reformó el delito, tras acusaciones de que habría recibido coimas. Sin embargo, en septiembre de 2023, la Corte de Constitucionalidad (CC) revirtió la decisión, ordenando revisar nuevamente la solicitud de retiro de antejuicio.