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Gobierno anula permisos ambientales otorgados en 2023 a proyectos mineros
Gobierno revoca 10 licencias mineras en Izabal tras denuncias comunitarias por supuestos riesgos ambientales e irregularidades.

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) oficializó el miércoles 30 de julio la revocación de diez licencias ambientales concedidas en 2023 a proyectos de minería metálica en el departamento de Izabal, en respuesta a denuncias de comunidades locales sobre posibles daños ambientales y anomalías en los procesos de aprobación.
Las resoluciones fueron presentadas en una reunión pública en el Palacio Nacional de la Cultura ante representantes de 54 comunidades de la Sierra Santa Cruz, municipio de Lívingston, quienes durante semanas habían exigido la cancelación de dichos permisos.
Las licencias fueron emitidas durante el último año del gobierno anterior, encabezado por Alejandro Giammattei (2020–2024), y ahora están bajo escrutinio por posibles actos de corrupción, según explicó la ministra de Ambiente, Patricia Orantes, en una rueda de prensa posterior.
“Se identificaron inconsistencias legales en los procesos de otorgamiento y se determinó que estos proyectos representan riesgos para fuentes hídricas que abastecen a más de 50 comunidades en la zona,” afirmó Orantes.
Los proyectos mineros revocados
Según el MARN, las licencias anuladas correspondían a dos empresas: Río Nickel, S. A., y Producciones del Atlántico, S. A. En total, los proyectos involucrados son:
- Río Nickel, S. A.: Santa Anita, Santa Anita II, Santa Anita III, Bongo, Caledonia Santa Cruz y Coatepeque I.
- Producciones del Atlántico, S. A.: Tzultaka, Tzultaka II, Tzultaka III y Tzultaka IV.
Estas iniciativas pretendían desarrollar actividades mineras en áreas próximas al Cerro 1019, dentro de la Sierra Santa Cruz, un ecosistema montañoso que, según estudios realizados por el MARN, constituye una fuente vital de agua para las poblaciones cercanas.
Las inspecciones técnicas fueron motivadas por las constantes solicitudes comunitarias y tras bloqueos y manifestaciones ocurridas en junio pasado. Como resultado, dos de los proyectos –Santa Anita y Santa Anita II– ya fueron denunciados penalmente ante el Ministerio Público.
Orantes adelantó que se preparan nuevas acciones legales contra otros proyectos por irregularidades detectadas.
Expectativa por documentación oficial
Durante la actividad, el alcalde de Lívingston, Enrique Xol, y miembros del concejo municipal estuvieron presentes y recibieron la notificación verbal de la revocatoria, aunque manifestaron que aún esperan la entrega formal de la documentación que garantice la anulación definitiva de los permisos.
Para comprender
En junio pasado, la empresa Río Nickel, S. A. aseguró haber seguido los procedimientos requeridos para obtener sus licencias ambientales, aunque reconoció que aún debía completar el proceso de consulta comunitaria.
Además, la empresa argumentó que las actividades actuales deben entenderse en el contexto histórico de exploración minera en la zona, que se remonta a la década de 1960.