Gobierno aprueba aumento al salario mínimo para 2026 sin consenso y en medio de alertas económicas

El presidente Bernardo Arévalo aprobó un nuevo incremento al salario mínimo que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2026, aplicable a todas las actividades económicas y a ambas circunscripciones del país, según informó el Gobierno de Guatemala mediante un comunicado oficial.

La decisión fue adoptada tras un análisis presentado por la Comisión Nacional del Salario, pese a que no se alcanzó consenso entre los sectores que la integran, incluidos representantes del sector privado, quienes habían advertido sobre los riesgos económicos de un nuevo ajuste salarial.

Así quedan los aumentos para 2026

De acuerdo con lo aprobado por el Ejecutivo, los incrementos al salario mínimo serán los siguientes:

• 7.5 % para el sector no agrícola
• 5.5 % para el sector agrícola
• 4 % para las actividades exportadoras y de maquila

Los nuevos salarios aplicarán tanto para la Circunscripción Económica 1 (departamento de Guatemala) como para la Circunscripción Económica 2 (resto del país), con variaciones según actividad económica.

Una decisión política con riesgos económicos

Más allá del discurso oficial, la aprobación del nuevo aumento al salario mínimo ha encendido alertas en el sector productivo y entre analistas económicos, quienes cuestionan la falta de un análisis integral sobre sus efectos reales en una economía marcada por alta informalidad, baja productividad y débil crecimiento del empleo formal.

Recomendaciones ignoradas y falta de consenso

Representantes del sector privado y técnicos independientes habían recomendado prudencia en los ajustes salariales, advirtiendo que un nuevo incremento, sin políticas complementarias, podría encarecer el empleo formal, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), que concentran la mayor parte del empleo formal del país.

El hecho de que el aumento haya sido aprobado sin consenso en la Comisión Nacional del Salario refuerza la percepción de que la decisión respondió más a una señal política que a una evaluación técnica consensuada.

Impacto limitado y exclusión de la mayoría laboral

Guatemala mantiene una informalidad laboral cercana al 70 %, lo que significa que la mayoría de los trabajadores no se beneficiará del aumento, mientras que los costos recaerán sobre el reducido segmento del empleo formal.

Esto genera una paradoja estructural: se incrementa el salario mínimo en un mercado donde la mayoría no lo percibe, pero sí sufre las consecuencias indirectas, como menor generación de empleo formal, mayor informalidad y reducción de oportunidades laborales para jóvenes y trabajadores con menor calificación.

Presión sobre las MIPYMES y competitividad

Las MIPYMES, que representan alrededor del 97 % de las empresas formales, operan con márgenes limitados, altos costos regulatorios y restricciones de financiamiento. Un aumento salarial obligatorio, sin incentivos fiscales ni mejoras en productividad, reduce su capacidad de contratación, incentiva recortes de personal o empuja a la informalidad.

En sectores exportadores y de maquila, el ajuste también genera preocupaciones sobre la pérdida de competitividad frente a otros países de la región, donde los costos laborales son menores o están acompañados de mayores incentivos a la inversión.

Una política salarial sin agenda productiva

Desde la perspectiva económica, elevar el salario mínimo sin elevar la productividad constituye una distorsión. Cuando el costo del trabajo supera su valor productivo, las empresas responden reduciendo la demanda de empleo formal, automatizando procesos o limitando su crecimiento.

Sin una agenda paralela que impulse productividad, formalización, infraestructura y reducción del costo de hacer negocios, el aumento salarial corre el riesgo de profundizar los problemas estructurales del mercado laboral guatemalteco.

La aprobación del aumento al salario mínimo para 2026, tal como fue planteada, abre un escenario de incertidumbre económica. Aunque políticamente puede presentarse como una medida social, sus efectos podrían ser contraproducentes si se traduce en menos empleo formal, mayor informalidad y menor competitividad.

Para que una política salarial tenga impacto real en el bienestar de la población, debe estar acompañada de crecimiento económico sostenido, aumento de la productividad y fortalecimiento del empleo formal, condiciones que hoy siguen siendo uno de los principales desafíos de la economía guatemalteca.

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— CENTRANEWS (@CentraNewsGT) December 19, 2025