Gobierno propone nueva ley antilavado que busca cortar el flujo de dinero del narcotráfico en Guatemala

El presidente de la República anunció una iniciativa para enfrentar uno de los desafíos más complejos del país: el lavado de dinero. En un mensaje dirigido al pueblo de Guatemala, informó que su gobierno presentará de forma urgente una nueva iniciativa de ley antilavado ante el Congreso, como parte de una estrategia frontal contra el crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción.

“La lucha contra el crimen es la lucha por la vida digna y segura de los guatemaltecos”, afirmó el mandatario. Destacó que esta ley no es un instrumento más, sino un golpe certero al corazón financiero de las estructuras delictivas. Según explicó, no existe narcotráfico sin lavado de dinero, ya que toda actividad ilícita que genera ingresos requiere integrarse al sistema económico formal.

El gobierno aseguró que prevenir el lavado no solo debilita a las organizaciones criminales, sino que fortalece el crecimiento económico y la confianza internacional.

Como respaldo, mencionó que en el primer trimestre del año Guatemala recibió más de 450 millones de dólares en inversión extranjera directa, lo que representa un incremento del 15% respecto al año anterior.

La nueva normativa, trabajada en coordinación con la Superintendencia de Bancos, busca alinear al país con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo que promueve reglas comunes para evitar que fondos ilícitos contaminen la economía global.

El presidente advirtió que, si la ley no se aprueba este año, Guatemala corre el serio riesgo de ser incluida en la lista gris del GAFI.

Ingresar a dicha lista supondría fuertes consecuencias para el país: limitaciones en transacciones internacionales, aumento en el costo del financiamiento externo, dificultades en el acceso al crédito y la amenaza real de que bancos locales pierdan sus vínculos con entidades internacionales.

Esto impactaría de forma directa a la ciudadanía, especialmente en servicios como remesas, pagos internacionales o el comercio exterior.

“El camino es claro: el respeto a la ley y la seriedad institucional”, subrayó el presidente, quien hizo un llamado al Congreso para aprobar la iniciativa con la urgencia que el momento exige, y convocó a todos los sectores —sociedad civil, sector empresarial, instituciones financieras y comunidad internacional— a sumarse a este esfuerzo, concluyó el mandatario.