Grave error en el Ejército: Altos mandos emiten orden ilegal de movilización sin autorización del Presidente

La movilización de la reserva militar es exclusiva del Presidente, pero el Ministro de Defensa y otros altos mandos la ordenaron sin su consentimiento. ¿Qué consecuencias legales podrían enfrentar?

El Ministro de la Defensa Nacional, General Henry David Sáenz Ramos , el Jefe del Estado Mayor de la Defensa, General Hermelindo Choz Soc, y el Comandante de Reservas Militares habrían cometido una grave violación a la Ley Constitutiva del Ejército al emitir la orden de operaciones SINAPRESE 2025, en la que decretaron la movilización de la reserva militar el pasado 20 de marzo de 2025.

De acuerdo con expertos en derecho militar, esta acción no solo es ilegal, sino que además podría acarrear consecuencias penales graves para los responsables, ya que la movilización de la reserva es una potestad exclusiva del Presidente de la República en su calidad de Comandante General del Ejército.

¿Qué dice la ley sobre la movilización militar?

Según el Artículo 14, numeral 2, de la Ley Constitutiva del Ejército de Guatemala, la movilización y desmovilización de la reserva solo puede ser decretada por el Presidente de la República. 

Además, dicha movilización únicamente puede efectuarse cuando se ha declarado el estado de guerra y debe ser ratificada por el Congreso de la República.

En este caso, no se ha declarado estado de guerra, lo que convierte la orden emitida por los altos mandos en una acción completamente ilegal y sin fundamento jurídico.

¿Qué hicieron el Ministro de Defensa y los altos mandos?

El General Sáenz, Ministro de la Defensa, junto con el General Choz Soc, Jefe del Estado Mayor, firmaron la orden de operaciones SINAPRESE 2025, en la que ordenan la movilización de la reserva militar sin contar con la autorización del Presidente.

Esta acción implica que los oficiales se están atribuyendo responsabilidades que no les corresponden, lo que podría constituir un delito grave.

¿Qué delitos podrían haber cometido?

Un abogado experto en derecho militar consultado sobre el tema señala que los oficiales involucrados podrían haber incurrido en varios delitos graves, entre ellos:

• 1. Abuso de autoridad – Emitir órdenes más allá de sus facultades.
• 2. Usurpación de funciones – Asumir una potestad que solo le corresponde al Presidente.
• 3. Actos violatorios a la Constitución – Desconocer el marco legal vigente.
• 4. Sedición o rebelión – Desafiar la autoridad legítima del Presidente.
• 5. Conspiración – Actuar en conjunto para tomar decisiones sin respaldo legal.
• 6. Delitos contra la administración pública – Afectar la institucionalidad del Estado.
• 7. Traición – Atentar contra el orden constitucional y la seguridad nacional.

El hecho de que tres altos mandos militares hayan firmado una orden de movilización sin el aval del Presidente podría interpretarse como un intento de tomar decisiones estratégicas al margen del poder civil, lo que pondría en riesgo el equilibrio democrático y la autoridad presidencial sobre las Fuerzas Armadas.

¿Cuáles pueden ser las consecuencias?

Este escándalo dentro del Ejército podría derivar en acciones legales contra los oficiales involucrados, que van desde la destitución inmediata de sus cargos hasta un proceso judicial por delitos graves.

El Presidente de la República, Bernardo Arévalo, como Comandante General del Ejército, tiene la facultad de anular la orden ilegal y tomar medidas disciplinarias contra los responsables. Además, el Congreso de la República y el Ministerio Público podrían intervenir para investigar y, en su caso, presentar cargos penales contra los oficiales implicados.

¿Qué sigue?

La emisión de la orden SINAPRESE 2025 por parte del Ministro de Defensa y otros altos mandos del Ejército, sin la aprobación del Presidente, representa una grave falta legal y constitucional. Este caso podría marcar un precedente histórico sobre el respeto a la jerarquía militar y el control civil sobre las Fuerzas Armadas.

Si se confirman las irregularidades, este podría convertirse en uno de los mayores escándalos militares de los últimos años en Guatemala, abriendo la puerta a sanciones penales y políticas para los oficiales involucrados.