Guatemala retira reserva del artículo 27 de la Convención de Viena y genera debate sobre soberanía

El Gobierno de Guatemala oficializó el retiro de la reserva formulada al artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. La decisión fue publicada en el Diario de Centro América mediante el Acuerdo Gubernativo 65-2025.

Esta medida implica que el país ya no podrá alegar su legislación interna como justificación para incumplir obligaciones derivadas de tratados internacionales. Con ello, se fortalece el compromiso del Estado con el cumplimiento de instrumentos internacionales.

La Convención de Viena, adoptada en 1969 y ratificada por Guatemala en 1996, establece principios fundamentales sobre cómo los Estados deben negociar, cumplir e interpretar tratados internacionales. En 1997, Guatemala formuló una reserva al artículo 27, permitiéndose invocar su derecho interno para justificar eventuales incumplimientos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores aclaró que esta decisión busca otorgar certeza jurídica. También tiene como objetivo fortalecer el respeto a los derechos humanos.

El retiro de la reserva, según la Cancillería, se alinea con más de tres décadas de jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad. Esta ha reiterado que el derecho interno no puede utilizarse como excusa frente a compromisos internacionales asumidos por el país.

Además, el Ministerio aseguró que la medida no altera ninguna disposición de la Constitución. Insistió en que no compromete la soberanía nacional ni el principio de autodeterminación del Estado.

No obstante, el anuncio ha generado preocupación en diversos sectores. Organizaciones como el Centro para la Defensa de la Constitución (CEDECON) y algunos diputados han expresado sus reservas.

CEDECON manifestó su rechazo categórico a la decisión, calificándola como unilateral y riesgosa. Señaló que elimina un mecanismo de protección frente a posibles abusos de organismos internacionales.

En un comunicado, la organización advirtió que el retiro de la reserva debilita los instrumentos constitucionales que permiten proteger el orden jurídico guatemalteco. También alertaron sobre la posible interpretación de normas supranacionales sin el debido proceso de ratificación.

CEDECON denunció además una tendencia preocupante hacia la “suplantación progresiva del derecho interno” mediante compromisos globalistas. Según el centro, muchos de estos acuerdos no responden a la realidad ni a los intereses nacionales.

La organización reiteró que la relación entre el derecho interno y el internacional debe ser armónica. Pero advirtió que no puede derivar en una subordinación del orden constitucional a normas externas no convalidadas.

Además de CEDECON, algunos legisladores de oposición calificaron el acuerdo como “una decisión apresurada” que no fue sometida a consulta amplia con el Congreso ni con expertos en derecho constitucional. Exigieron que se revise su legalidad y posibles implicaciones.

En contraste, sectores académicos como la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos respaldaron el levantamiento de la reserva. Argumentaron que se trata de una evolución jurídica coherente con la doctrina constitucional vigente y con el respeto a los derechos humanos.

Expertos señalan que la medida podría tener efectos prácticos importantes. Por ejemplo, se facilitaría la exigencia de responsabilidad internacional en casos donde el Estado guatemalteco incumpla tratados sobre derechos humanos, inversión extranjera o medioambiente.

También podría influir en litigios ante tribunales internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dado que ya no podrá usarse el derecho interno como excusa. Al mismo tiempo, podría aumentar la presión sobre el cumplimiento efectivo de convenios firmados.

La decisión del Ejecutivo ha abierto un debate de fondo sobre el equilibrio entre el respeto a los derechos humanos en el ámbito internacional. Y también sobre la defensa de la soberanía jurídica del Estado guatemalteco.