Impunidad juvenil: ¿Protege la ley a criminales en formación?

El reciente caso de un adolescente de 14 años que disparó contra otro estudiante en un instituto de Quetzaltenango, frente a decenas de compañeros, vuelve a exponer una cruda realidad: el sistema legal guatemalteco sigue siendo cómplice de la criminalidad al permitir que menores de edad, utilizados por redes delictivas, reciban penas irrisorias.

La Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, con décadas de retraso en su revisión, se ha convertido en una “herramienta para el crimen organizado”. Esta legislación, que otorga penas mínimas a menores involucrados en delitos graves, sigue sin reformarse debido a la posible “negligencia” del Congreso, manteniendo congelada la iniciativa 5285, que busca endurecer las sanciones para adolescentes involucrados en crímenes violentos.

Marvin Rabanales, secretario de Bienestar Social, explicó que la ley actual establece dos rangos de edad: para menores de entre 13 y 15 años, la pena máxima por delitos graves es de dos años de reclusión; para adolescentes de 15 a 17 años, la sanción llega hasta seis años.

Leonel Dubón, director del Refugio de la Niñez, señaló en un programa radial, que la captación de menores por parte de estas estructuras es favorecida no solo por las bajas penas, sino también por la falta de condiciones de protección en los entornos familiares y comunitarios. “El crimen organizado ha encontrado en los menores una materia prima fácil de manipular, aprovechando la impunidad legal. Mientras esta situación persista, estamos condenados a repetir este ciclo de violencia”, aseguró Dubón.

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