Informe de CIEN alerta sobre uso sistemático de bloqueos para presionar a autoridades

En la última década, Guatemala ha registrado 4,420 bloqueos en rutas y carreteras, según datos divulgados recientemente por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN).

De acuerdo con el informe presentado por los investigadores Francisco Quezada y Walter Menchú, entre 2015 y 2024 se han producido en promedio 442 bloqueos por año, lo que equivale a cerca de 37 bloqueos mensuales. La cifra se ha incrementado significativamente en los últimos tres años, alcanzando un pico en 2023, cuando se reportaron 1,241 eventos de este tipo, coincidiendo con el final del mandato del expresidente Alejandro Giammattei.

Los departamentos más afectados

El análisis de CIEN indica que seis departamentos concentran el 46% de los bloqueos: Suchitepéquez, San Marcos, Guatemala, Alta Verapaz, Quetzaltenango y Retalhuleu. A nivel municipal, Guatemala capital lidera con 208 bloqueos, seguida por El Estor (Izabal) con 142, y Retalhuleu con 128.

Además, los meses de agosto, septiembre y octubre representan el 53% del total de bloqueos en el año, lo que sugiere una estacionalidad vinculada posiblemente a coyunturas políticas, sociales o económicas específicas.

Derechos en tensión: locomoción vs protesta

En su intervención, el abogado e investigador Francisco Quezada recordó que la libertad de locomoción es un derecho civil, humano y constitucionalmente protegido, por lo que su afectación debe estar debidamente fundamentada y limitada por las excepciones establecidas en la ley, como ocurre en los Estados de excepción.

Quezada subrayó que si bien el derecho a la manifestación está reconocido, su ejercicio no debe convertirse en una herramienta que violente los derechos de terceros. En ese sentido, alertó que muchos de los bloqueos registrados han implicado retención prolongada de vehículos y personas, afectando a niños, enfermos, trabajadores y estudiantes.

“La retención forzosa en las vías públicas con fines de presión política o económica se ha convertido en una práctica reiterada que deteriora la gobernabilidad y vulnera la dignidad humana”, afirmó Quezada.

Llamado a las autoridades

El CIEN recomendó una acción más decidida de las instituciones del Estado, incluida la Policía Nacional Civil (PNC), el Ministerio Público (MP) y la Procuraduría General de la Nación (PGN). Sugirió que los bloqueos deben abordarse como un posible delito de acción pública, lo que habilita a las autoridades a intervenir sin necesidad de denuncia previa.

Walter Menchú, coautor del análisis, indicó que más allá de las cifras, el fenómeno debe verse como un reflejo de las tensiones sociales no resueltas, aunque advirtió que las formas violentas o coercitivas de protesta están generando un efecto negativo en la percepción ciudadana y en la capacidad del Estado para aplicar la ley.

Debate social pendiente

El informe concluye con una reflexión sobre la necesidad de promover una cultura de respeto al marco constitucional y al diálogo como mecanismo de resolución de conflictos. Para los investigadores, la sociedad guatemalteca debe avanzar hacia un consenso donde se respeten tanto el derecho a la protesta como la movilidad libre y segura, evitando que una causa legítima termine afectando desproporcionadamente a terceros.

“Debemos superar la visión utilitaria de los bloqueos, donde se los aprueba o rechaza según la afinidad con la causa. La ley y los derechos deben ser defendidos con el mismo rigor en todos los casos”, concluyó Quezada.