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Nueva Ley de la PNC: Promete cámaras corporales y lucha contra el cibercrimen

La nueva Ley de la PNC promete modernizar la seguridad en Guatemala con cámaras corporales y lucha contra el cibercrimen. ¿Lo logrará?

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Nueva Ley de la PNC Cámaras corporales y lucha contra el cibercrimen

El Congreso de la República aprobó el Decreto 35-2024, que establece una nueva Ley de la Policía Nacional Civil (PNC), sustituyendo el marco legal vigente desde hace 27 años. Con el respaldo de 115 diputados, esta normativa marca un cambio profundo en la modernización y operatividad de la institución, enfocándose en el uso de tecnología y la mejora de condiciones laborales de los agentes.

Qué implementa la nueva Ley de la PNC:

Entre los avances, se incluye la implementación de cámaras corporales para agentes y dispositivos de videovigilancia en autopatrullas, una medida destinada a fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de derechos humanos. Esta enmienda fue impulsada por el presidente del Congreso, Nery Ramos, exdirector de la PNC, quien aseguró que el uso de este equipo busca equilibrar la protección de los policías y de los ciudadanos.

El nuevo artículo titulado “Dotación de Equipo Especializado”, dentro del Título 6 de la ley, ordena al Ministerio de Gobernación (Mingob) y al Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) gestionar los recursos necesarios para adquirir y distribuir estos dispositivos. Según Ramos, estas medidas ya han demostrado eficacia en otras instituciones como la Policía Municipal de Tránsito (PMT).

Además, la ley incluye la creación de una Dirección de Ciberdelincuencia, que tendrá como objetivo enfrentar amenazas cibernéticas como el fraude electrónico, el robo de identidad y otros delitos en línea. Este departamento estará equipado con tecnología avanzada y personal especializado para mejorar la capacidad investigativa y operativa de la PNC frente a desafíos actuales en materia de seguridad digital.

Otras garantías para la PNC:

La normativa también introduce un escalafón policial, garantiza atención médica para los agentes y refuerza el respaldo institucional para el uso de armas en legítima defensa.