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PNC asocia a recicladores de basura con pandilla

PNC alerta sobre recicladores vinculados a la Mara Salvatrucha, algunos detenidos por delitos como sicariato y extorsión.

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PNC asocia a recicladores de basura con pandilla
Foto: Centra News / Archivo

La Policía Nacional Civil (PNC) ha informado sobre la existencia de vínculos entre recicladores de basura y la pandilla Mara Salvatrucha, generando preocupación entre autoridades y ciudadanos. Según el director general de la institución, David Custodio Boteo, varios recolectores, incluyendo menores de edad, han sido detenidos por su presunta participación en actividades delictivas como el sicariato y la extorsión.

“Tema complejo y comparable”, según Boteo

El funcionario indicó que el fenómeno es complejo y comparable con el problema de los taxis pirata y las amenazas al transporte público. “Es un tema sumamente complicado, porque hay muchos empleados que a lo interno generan extorsiones y otros delitos”, afirmó Boteo. También advirtió que las empresas y comercios deben evaluar con cautela la confianza depositada en sus trabajadores, ya que algunos podrían estar involucrados con grupos criminales.

La revelación surge en un contexto de denuncias sobre extorsiones a recicladores por parte de pandillas. Sin embargo, la PNC sostiene que algunos de estos trabajadores también forman parte de estructuras delictivas, lo que agrava el problema de seguridad ciudadana.

Protestas y reacciones ante nueva normativa ambiental

Paralelamente, el sector de los recicladores enfrenta otro desafío con la entrada en vigencia del Acuerdo Gubernativo 184-2023, que establece la clasificación obligatoria de desechos en orgánicos, inorgánicos y reciclables. Esto ha generado manifestaciones en la zona 3 de la capital, donde trabajadores del reciclaje expresaron su rechazo a la normativa, argumentando que limita sus fuentes de ingreso.

La municipalidad de Guatemala, en coordinación con la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), ha instalado una mesa de diálogo para evaluar soluciones y mitigar el impacto económico en los afectados. Hasta la fecha, se han llevado a cabo dos reuniones y se prevé una tercera para buscar alternativas viables en la implementación del reglamento.