Q30.9 millones en fraude aduanero: SAT presenta seis denuncias

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) informó el jueves 3 de julio que ha presentado seis denuncias penales por defraudación aduanera en lo que va del año 2025. El monto involucrado asciende a Q30.9 millones, como parte de las acciones coordinadas por el Consejo Interinstitucional para la Prevención y Combate de la Defraudación y el Contrabando Aduanero (COINCON).

Durante la segunda sesión ordinaria del año de dicho consejo, presidido por el superintendente Werner Ovalle, se compartieron los avances del primer semestre del año y se delinearon las estrategias para los próximos meses, con el objetivo de fortalecer los controles en aduanas y facilitar el comercio legal.

El consejo está integrado por representantes de instituciones clave como el Ministerio Público (MP), la Procuraduría General de la Nación (PGN) y los ministerios de Finanzas Públicas, Gobernación, Defensa, Economía, Salud y Agricultura, además de miembros del sector empresarial.

Resultados de operativos interinstitucionales

El intendente de Aduanas y secretario del COINCON, Edwin Curtidor Juárez, señaló que entre enero y junio se llevaron a cabo 1,123 acciones interinstitucionales, lo que permitió 1,028 decomisos con un valor estimado en aduanas de Q32.3 millones. Además, los ajustes en aduanas suman Q242.8 millones, una cifra que refleja los esfuerzos por detectar y sancionar irregularidades en el comercio exterior.

Curtidor también destacó el fortalecimiento del sistema de gestión de riesgo mediante la implementación de nuevos Puestos de Control Interinstitucional (PCI), que buscan mejorar la fiscalización en puntos estratégicos del país.

Enfoque en prevención y facilitación comercial

Los representantes del COINCON coincidieron en que el trabajo conjunto ha sido clave para avanzar en la detección de mercancías ilícitas y en la protección del comercio formal. El consejo reafirmó su compromiso con el cumplimiento de la ley y el combate frontal al contrabando, una práctica que afecta gravemente los ingresos del Estado y distorsiona la competitividad del mercado.