Recomiendan a Giammattei vetar presupuesto 2024

El pasado 30 de noviembre el Congreso de la República de Guatemala aprobó el presupuesto general de ingresos y egresos de la nación para el período fiscal 2024.

Organizaciones del sector educativo y empresarial analizaron el presupuesto del 2024 aprobado, en el caso de los técnicos del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales han indicado que “en la versión del presupuesto del 2024 aprobada no se corrigió el error de subestimación en la proyección de ingresos tributarios y se mantienen las alteraciones y anomalías que la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, CFPM, del Congreso de la República de Guatemala”.

Los especialistas del ICEFI indican que es severamente preocupante que los diputados del Congreso de la República de Guatemala no hayan corregido las alteraciones a los artículos 56 y 69, referidos a la autorización parlamentaria para la contratación de deuda pública bonificada, reiterando que, de cobrar vigencia y dependiendo de la interpretación jurídica, podrían paralizar la colocación o la recolocación de bonos del Tesoro.

Por su parte los empresarios que conforman la Fundación para el Desarrollo de Guatemala, FUNDESA, recomendaron al presidente de la República, Alajandra Giammattei, vetar el decreto 18-2023 del Presupuesto General 2024.

Por medio de su Consejo de Fiduciarios de la Fundesa, ante la aprobación del Presupuesto General 2024 por medio de un comunicado de prensa manifestaron:

“Desde la comisión técnica de salud de Fundesa, hemos recomendado que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social debe generar criterios más específicos que transparenten las asignaciones a organizaciones no gubernamentales (ONGS), generando manuales sobre competencias para determinados aportes. El Presupuesto General 2024 aprobado por el Pleno del Congreso de la República, deja asignaciones especificas a ONGS, algunas de reciente creación, sin criterios sobre las competencias necesarias para los recursos que se les va a desembolsar, limitando la capacidad de fiscalización para lograr un adecuado desarrollo social con base en la planificación y seguimiento en la ejecución, que fomenten la eficiencia y la transparencia del gasto público. Esto solo genera mayor corrupción”.

Las empresas Integradas en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, CACIF, también señalaron su preocupación respecto al Presupuesto 2024 aprobado, sobre el tema de la colocación de bonos y las obligaciones financieras estatales.