Suiza detiene liberación de exjefe de la PNC, Erwin Sperisen

El pasado sábado 30 de septiembre, se ha emitido un revés en el caso del exjefe de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala, Erwin Sperisen, ya que la justicia suiza ha suspendido su liberación, que estaba programada para el 2 de octubre. Sperisen, condenado a 15 años de prisión por complicidad en el asesinato de prisioneros en Guatemala, había sido otorgado su derecho a la libertad después de que la fiscalía de Ginebra presentara un recurso.

Erwin Sperisen, de nacionalidad suiza y guatemalteca, ocupó el cargo de director de la PNC hasta su salida en 2007, momento en el que se trasladó a Suiza y residió en la casa de su padre, quien era embajador ante la Organización Mundial de Comercio.

La suspensión de la liberación de Sperisen fue ordenada por la Cámara de Apelación Penal después de que la fiscalía presentara el recurso. El abogado de Sperisen, Florian Baier, expresó que esta decisión era un golpe duro para su cliente, su familia y sus seres queridos.

La situación legal de Sperisen se ha vuelto más compleja debido a la reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). El tribunal con sede en Estrasburgo condenó a Suiza el 13 de junio por la falta de imparcialidad de una jueza que participó en el caso de Sperisen. Según la Corte, las observaciones de la magistrada en octubre de 2017 “excedieron la mera sospecha”.

Historia legal de Erwin Sperisen

La historia legal de Erwin Sperisen ha sido tumultuosa. Fue detenido en Ginebra en 2012 y siempre mantuvo su inocencia. En 2014, la justicia suiza lo condenó a cadena perpetua, pero tres años después, el Tribunal Federal anuló la condena debido a la percepción de que había fallas en la apreciación de algunas pruebas.

Después de pasar cinco años en prisión, Sperisen fue puesto en libertad provisional con un brazalete electrónico en septiembre de 2017, a la espera de un nuevo juicio. Finalmente, en 2018, la justicia de Ginebra lo condenó a 15 años de cárcel por complicidad en el asesinato de siete reclusos en 2006 durante una operación para retomar el control de la cárcel de Pavón, y esta condena fue confirmada por el Tribunal Federal en 2019. Sin embargo, la reciente decisión del TEDH ha reabierto el debate sobre su caso.