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Suspenden obra del OJ en zona 9 por falta de permisos
Juzgado ordena suspender obra del OJ en zona 9 por falta de permisos; inmueble sería usado para juzgados de extorsión.

El Juzgado de Asuntos Municipales ordenó la suspensión temporal de los trabajos de remodelación en un edificio recientemente adquirido por el Organismo Judicial (OJ), ubicado en la zona 9 de la Ciudad de Guatemala, luego de comprobarse que no contaba con los permisos de construcción requeridos.
La medida fue dictada tras una inspección oficial que verificó la ejecución de obras sin la autorización correspondiente. Aunque no se precisaron mayores detalles técnicos sobre las intervenciones en curso, la resolución implica el cese inmediato de toda actividad en el inmueble hasta que se cumpla con los requisitos legales establecidos por la normativa municipal.
Este edificio está destinado a albergar en el futuro los juzgados y tribunales especializados en materia de extorsión, que actualmente operan en la Torre de Tribunales, ubicada en el Centro Cívico capitalino. De acuerdo con información oficial del OJ, ya se había iniciado la fase de preparación para el traslado de dichas dependencias.
Sin embargo, la Secretaría de Comunicación Social y Protocolo del OJ señaló que aún no ha recibido notificación formal sobre la resolución judicial emitida. A pesar de la suspensión, no se ha informado sobre una posible reprogramación del proceso de traslado.
Rechazo del sector privado
La decisión del Organismo Judicial de mover los juzgados de extorsión a una zona estratégica de la ciudad ha generado rechazo en sectores empresariales. La Cámara de Comercio de Guatemala expresó públicamente su oposición a través de un comunicado emitido el miércoles 23 de julio.
Según el documento, la ubicación de juzgados que conocen delitos de alto impacto en un sector que concentra actividad económica y empresarial representa un riesgo para la seguridad ciudadana y el desarrollo económico del área.
La Cámara argumenta que esta preocupación responde al sentir de empresas y trabajadores que operan en la zona 9, quienes consideran que el traslado podría elevar la percepción de inseguridad y afectar negativamente la imagen del sector, tradicionalmente vinculado a oficinas corporativas, comercios y servicios.