Usurpaciones de tierras: 13 mil denuncias y mínima respuesta estatal

Un informe de la Asociación en Defensa de la Propiedad Privada (Acdepro) reveló que entre 2020 y 2025 se han registrado más de 13 mil denuncias por usurpación de tierras en Guatemala, pero la respuesta del Estado sigue siendo limitada, con apenas un 0.75 % de desalojos ejecutados en ese periodo.

13,245 denuncias y menos del 1% de desalojos efectivos

Según datos del Ministerio Público (MP) citados en el documento, se contabilizan 13,245 denuncias por usurpación y usurpación agravada.

De ellas, únicamente se han concretado 99 desalojos a cargo de la Policía Nacional Civil (PNC). En contraste, 107 desalojos fueron suspendidos, lo que equivale al 0.81 % de los casos.

El informe subraya que el problema continúa en aumento: solo en lo que va de 2025 se han registrado 1,250 denuncias nuevas, lo que proyecta un año de alta incidencia.

Departamentos más afectados

La problemática se concentra en varios puntos del país, siendo los más afectados:

• Guatemala: 2,799 denuncias (21.13 %)
• Huehuetenango: 1,361 denuncias (10.28 %)
• San Marcos: 1,147 denuncias (8.66 %)

Casos emblemáticos como la finca Canasec (15 años invadida), la finca Santa Rosita (9 años) y la finca El Sauce (8 años) reflejan la gravedad de la situación en Alta Verapaz, Izabal y Baja Verapaz.

El tema de la economía y el empleo

El informe de Acdepro advierte que las usurpaciones no solo vulneran el derecho humano a la propiedad privada, sino que además tienen consecuencias económicas y sociales directas, entre ellas:

• Pérdida de empleos en el sector agrícola.
• Aumento de la migración irregular hacia Estados Unidos.
• Desconfianza de inversionistas nacionales y extranjeros.
• Debilitamiento del Estado de Derecho.

“La falta de acción estatal en este tema desalienta la inversión y pone en riesgo la seguridad alimentaria del país”, señala el informe.

Obstáculos para los desalojos

El documento identifica varios factores que han frenado la recuperación de las propiedades:

• Corrupción y falta de coordinación institucional.
• Lentitud y costo elevado de los procesos judiciales.
• Uso de niños y mujeres como escudos humanos en desalojos.
• Influencia del crimen organizado en las ocupaciones.

Acdepro también criticó la vigencia del “Protocolo Paz y Paz”, implementado en la gestión de la exfiscal general Claudia Paz y Paz (2010-2014), cuyo objetivo era garantizar los derechos humanos durante desalojos.

Según la asociación, en la práctica este marco ha generado “burocracia e inoperancia”, obstaculizando la restitución de propiedades.

Respuesta institucional

El Ministerio de Gobernación afirmó que la PNC actúa conforme a la ley y bajo órdenes de juez competente, privilegiando siempre el diálogo y el respeto a los derechos humanos.

Por su parte, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) explicó que sus delegados supervisan cada proceso para garantizar el cumplimiento de protocolos y prevenir incidentes violentos.

Llamado a restaurar la seguridad jurídica

Acdepro urgió a las autoridades a crear un protocolo de desalojo unificado y vinculante, que permita mayor eficacia en el uso de recursos públicos y que garantice la protección de la propiedad privada sin sesgos ideológicos.

“El problema no es falta de recursos, sino ineficiencia e impunidad”, advierte el documento, alertando sobre el riesgo de un colapso del Estado de Derecho si no se actúa con urgencia.